IMPULSO/ David Esquivel
Valle de México
: Comparmex Metropolitano consideró que las reformas legales en materia fiscal son un avance enel combate a la corrupción.
Con la aprobación del paquete de reformas legales para combatir la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas fantasmas en México, equiparar la comisión de tales delitos con delincuencia organizada, cuya investigación ameritará prisión preventiva, se da un avance en el combate a la corrupción, tema que los empresarios han pedido siempre, afirmó Edgar Castro Cid, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Metropolitano.
El líder empresarial mexiquense manifestó que el combate a la corrupción debe ser una prioridad del gobierno mexicano y de la sociedad en general y los empresarios deben cerrar filas con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el combate a la defraudación fiscal y uso de facturas falsas.
“Los empresarios si pagamos impuestos, generamos empleos, apoyamos a la comunidad con acciones de responsabilidad social y más aún, promovemos la transparencia, el combate a la corrupción y el crecimiento integral de la sociedad, en suma, debemos cerrar filas contra la defraudación fiscal que perjudica la recaudación de impuestos”, subrayó Edgar Castro Cid.
Tras destacar que los empresarios del Estado de México son gente de bien, Castro Cid respaldó la postura de Coparmex Nacional en el sentido de apoyar iniciativas para combatir esquemas simulados que llevan a la defraudación fiscal, porque afecta gravemente a la recaudación de impuestos en el país.
Lo anterior lo declaró el lider empresarial una vez que la Cámara de Diputados Federal aprobó en lo general y particular el dictamen de reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada; reformas aprobadas con 318 votos a favor, 121 votos en contra y 3 abstenciones.
El objetivo de dicha ley es incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, y se considerará como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como contrabando, defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
La defraudación fiscal con el uso de facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale a 5% de los ingresos del gobierno federal.
El cálculo que han compartido las autoridades fiscales es que, de 2014 a 2019, no han llegado a las arcas públicas 1.6 billones de pesos.
