La reforma ya cayó

IMPULSO/ Ricardo Monreal
Diseñar e implementar políticas públicas requiere conocer y sensibilizarse con la situación de las personas involucradas y que tendrán que adaptarse a los cambios propuestos. Lamentablemente, el pasado reciente de nuestro país ha estado marcado por decisiones unilaterales, en las que un grupo selecto decidió qué dirección debían de tomar las políticas públicas de la nación. Éste fue el caso del llamado Pacto por México, un acuerdo político firmado en 2013 mediante el cual unos integrantes de la cúpula del poder decidieron los cambios que nuestro país habría de llevar a cabo en materias de trascendencia.
El Pacto fue signado por los líderes del PRI, PAN, PRD y PVEM, y con él se acordó el rumbo que tomaría la educación, sin considerar lo que maestros, maestras y familiares de las y los estudiantes tenían que decir. De arriba hacia abajo, sin ningún tipo de diálogo democrático, el Pacto por México selló la puesta en marcha de la reforma educativa.
La imposición antidemocrática de la reforma tuvo un impacto significativo entre las y los docentes de México. Siendo ellos la principal columna de nuestro sistema educativo, lo menos que se podía haber hecho era escucharlos, pero esto no sucedió. Cuando el magisterio buscó el diálogo, en medio de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, que incluían la Ley del Servicio Profesional Docente, congresistas de los partidos que firmaron el Pacto decidieron sesionar en una sede privada, propiedad de una institución financiera.
Los efectos del Pacto por México no fueron positivos. Las grandes reformas estructurales diseñadas desde un escritorio, así como las privatizaciones que proponía, no rindieron los frutos que el grupo tecnocrático calculó. Aun así, se decidió ignorar al magisterio y todo ese tiempo sus voces y sus demandas legítimas fueron silenciadas.
Diseñar políticas públicas basándose enteramente en cálculos y mediciones, fue un comportamiento recurrente del régimen neoliberal en el que las personas afectadas siempre asumían los costos, mientras que unos pocos se beneficiaban. Por ello, el cambio de régimen que estamos emprendiendo tiene en el centro de sus políticas la calidad de vida de las personas a las que van dirigidas y, por ello, privilegia el diálogo y el consenso como la base del éxito. Desde el inicio de esta administración nos hemos dado a la tarea de dar marcha atrás a las políticas que dañaron nuestro tejido social.
Por tanto, desde el comienzo de esta legislatura, trabajamos para derogar la mal llamada reforma educativa y aprobar la nueva normatividad que habrá de traducirse en una nueva política realmente educativa. Lo hicimos de manera extensa, basándonos en un análisis integral de la situación de la educación en México, pero, sobre todo, en estrecha colaboración con docentes y familiares de los niños y las niñas.
De esta forma, la aprobación de la nueva normatividad en materia educativa que tuvo lugar la semana pasada en el Pleno del Senado de la República, se dio de manera abierta y transparente, con libertad de expresión y de debate y con el apoyo de una mayoría integrada por diversas fuerzas políticas. En esta ocasión, lejos de ocultar nuestras intenciones, como lo hicieron en 2012, las expresamos con claridad; este cambio, al igual que muchos otros que están por venir, es un compromiso político que consiste en respetar los derechos de las y los maestros y de todas las personas.
No hay nada que ocultar, como sí lo había en el pasado; la Cuarta Transformación de la vida pública del país se está llevando a cabo, está cumpliendo con sus compromisos y está devolviendo la confianza a los millones de personas que por años se habían sentido relegadas. Seguiremos avanzando y cumpliendo; hay mucho trabajo por hacer y mucho que cambiar, pero por ahora resulta esperanzador poder decir que la reforma ya cayó.
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