IMPULSO/ Leonor Sánchez Sánchez
Toluca
“Ninguna acción basada en la legalidad y el estado de derecho puede pasar por encima del debido proceso, ni violar las garantías individuales” sostuvo el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez.
Al pronunciarse a favor una cultura de la legalidad y de incrementar la base gravable que actualmente tiene el país, el líder empresarial mexiquense, rechazó que se catalogue como crimen organizado el delito de fraude fiscal, pues se deja de lado la presunción de inocencia.
El pasado 11 de septiembre el Senado de la República aprobó un paquete de reformas que equiparan la defraudación fiscal con el crimen organizado. La nueva legislación endurece las penas contra las empresas y personas que expidan o usen facturas falsas para defraudar al fisco. La reforma fue aprobada con 82 votos a favor por 34 en contra
En ese sentido el representante de la cúpula empresarial mexiquense Indicó que es necesario combatir ese delito cómo cualquier otro que ha afectado las arcas públicas, pero se deben cuidar las formas y respetar el estado de derecho o de lo contrario el costo económico para el país y la población podría ser muy elevado.
“El empresariado siempre estará a favor de que seamos más los que pagamos pero la propuesta de catalogar como crimen organizado este delito y que el proceso se siga en prisión, es algo que merece un análisis más profundo, están dejando de lado el principio de presunción de inocencia”
Sauza Martínez indicó que se quiere percibir a México como un lugar amigable a la llegada de proyectos e inversiones, pero podría detonarse la fuga de capitales si los inversionistas no sienten sus empresas seguras y se sienten susceptibles de ser detenidos sin fundamento”
Los altos índices de informalidad que prevalecen en el país se suman las más de 9 millones de facturas aprócrifas que se han podido detectar desde el Servicio de Administración Tributaria
- De acuerdo con los datos de la Secretaria de Hacienda la defraudación fiscal puede llegar a representar 1.6% del Producto Interno Bruto en perdidas
: Ninguna ley puede violar las garantías individuales
- Se deben analizarse las repercusiones sobre las reformas que tipifican la defraudación fiscal como delincuencia organizada
