IMPULSO/ María Novoa
(Coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa)
Pensemos en un maratón; una carrera de 42 kilómetros que exige planeación y resistencia. El cansancio y escepticismo que invaden al maratonista no conllevan su abandono de la competencia. El 18 de junio de 2008 se publicó la reforma constitucional en materia penal. Es decir, mañana se cumplirán 11 años desde que emprendimos una carrera que se apreciaba desafiante: la transformación del sistema de justicia penal.
Aspirábamos a una transformación que tuviera como centro la dignidad y respeto a las personas, todas por igual, víctimas y procesados, y que lograra reafirmarse como un mecanismo eficaz de solución de conflictos y reparación del daño. Hoy estamos lejos de alcanzar la meta.
La transición se encuentra desamparada. Ninguna institución ni liderazgo han tomado las riendas del proceso para asegurar un impulso homogéneo, constante y efectivo. Como resultado, existen amplias asimetrías entre instituciones y niveles de gobierno. Prevalecen prácticas que buscábamos desarraigar, disfrazadas con nuevos nombres y supuestos legales. Sus resultados son incipientes y la impunidad es casi generalizada.
Corremos el riesgo de pensar que esto que hoy observamos, era lo que buscábamos como meta. No es así, no nos confundamos. Hoy tenemos un sistema de justicia en transición, que busca modificar su rostro, sin que en su esencia se hayan concretado los cambios mínimos. En la fotografía del país vemos un sistema rebasado, que ofrece justicia para pocos y que no ha logrado aislarse de presiones políticas. Esto no es responsabilidad de los principios del sistema acusatorio, más bien es reflejo de un desempeño deficiente y un proceso inacabado.
Sin embargo, en los claroscuros existe esperanza. Se han reducido los riesgos de tortura y corrupción. Es más probable que víctimas y procesados sean tratados como iguales en derechos. Los controles judiciales y la equidad entre operadores han funcionado como contrapesos. Los efectos positivos confirman que es una transformación por la que vale la pena luchar.
A seis meses de una nueva administración, ¿qué se alcanza a apreciar en torno al sistema de justicia? En el costado positivo, la creación de la Unidad de Apoyo al Sistema, adscrita a la Segob. Ésta puede corregir la ausencia de liderazgos para la consolidación, así como orientar esfuerzos para la coordinación, planeación y evaluación integrales. Para ello se requerirá inversión financiera, tanto en tecnología y profesionalización, como en reingeniería de procesos.
Sin embargo, también observamos con preocupación la construcción de una narrativa en pro de las víctimas y en contra de la impunidad. Un discurso basado en la dimensión de la cifra negra y en la llamada ‘puerta giratoria’, que sugiere que los derechos de las víctimas y de los procesados son un juego de suma cero. Para que unos ganen, otros tienen que perder. Una narrativa que empata con las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos. ¿Quién no demanda justicia en un entorno de tanta inseguridad?
No lo duden: bajo la construcción del discurso existe una amenaza real. Es la justificación de un régimen de mano dura, que privilegia la restricción de libertades y vulneración de derechos como medida para mejorar las condiciones de seguridad. ¿Quiénes son los que más pierden? Los procesados. Aquellos individuos que ante los ojos de la justicia son culpables del delito, y que seguirán su proceso privados de la libertad para después ‘comprobar’ su inocencia. Cualquiera de nosotros puede ser ese procesado.
Por ello, confiamos en que la agenda de consolidación del sistema será prioritaria. De lo contrario, no sólo nos alejaremos de la meta, sino que abandonaremos la carrera.
