IMPULSO/ Manuel Gil Antón
La reforma educativa de la actual administración o, más bien, las adiciones, ajustes y modificaciones realizadas al artículo 3º. y aledaños que en 2013 realizó el Pacto por México, ha sido promulgada. ¿Cambio y permanencia? Sí.A ninguno de los extremos, creo, le asiste la razón: ni a quienes dicen que todo ha cambiado y entramos a la nueva historia, ni a los que afirman que es la misma reforma, idéntica, con otras formas de decir lo mismo. Entre otros logros, desligar a la evaluación de la esfera laboral es un cambio muy importante, conseguido por la resistencia magisterial con argumentos críticos constantes. Que ya no exista una institución que, sin hacer evaluación directamente, tenía como una de su tareas indicar a los evaluadores cómo hacerla, de tal manera que, pese a su pretensión de inocencia, incidía en el ámbito del ingreso, la promoción y la permanencia; que no hizo valer, cuando se requirió, su sitio como máxima autoridad en el extinto Sistema Nacional de Evaluación, y abdicó de su autonomía al legitimar aberraciones que se hicieron pasar como procesos de evaluación válidos, es muy importante. Recuperar sus funciones como fuente de información y estudios confiables, adecuando su tamaño a tal tarea, sin perder el talento acumulado por muchas personas valiosas, es conveniente.
A su vez, es lamentable que no se haya roto el molde anterior, al carecer la nueva SEP de una propuesta de otro horizonte educativo, lo que hace poco probable que haya una Nueva Escuela Mexicana, ni derive ésta del inasible, espectro nominal si acaso, Acuerdo Nacional Educativo.
Avances: educación inicial y obligación de la superior por parte del Estado, pongamos por caso. Errores: la obsesión de incluir, en el artículo 3o., todo lo que se ocurra, pese a ser materia de otros ordenamientos, y la falta de previsión de lo que cuesta sostener lo prometido. No creo que estemos ante el parteaguas de la educación nacional —es un despropósito— pero sí frente a modificaciones legales que, para cumplirse, implican cambiar, de manera radical, la lógica con la que se destinan los recursos públicos y su magnitud. No es trivial.
Vienen las leyes secundarias, que reglamentan lo establecido en la Constitución. En ese nivel, hay que contribuir con ideas, a sabiendas que la forma de concreción legal, y operación cotidiana, es un proceso complejo para el que se requiere un saber especializado. Ojalá sea posible.
Hay que pasar, por ejemplo, de la noción de idoneidad, abstracta y general, a otra: la adecuación al puesto. Si se considera que se puede establecer, sin duda, quién es el mejor de los mejores, y se elabora una escala descendente para otorgarle una plaza, sea la que sea, se ignora que el “mejor” en esa prelación etérea —habla inglés y alemán, estudió un doctorado y se aprendió la guía del examen— no es el adecuado a una vacante en una comunidad rural en que los alumnos y sus familias hablan Tzeltal. Quizá una maestra, ubicada en la mitad del ordenamiento, tenga, y con creces, mejores recursos para esa tarea.
Por ende, habría que descartar la detección del idóneo universal, para valorar lo que hace falta, lo que resulta necesario, en una situación específica. Toda plaza nueva, o una vacante, implica requerimientos particulares: quien esté en mejores condiciones para solventarlos, es, por su adecuación, al que hay que contratar.
De esto se sigue otra forma de conducir la distribución de las plazas. ¿Es posible, cómo, en qué nivel y quiénes han de valorar la capacidad y formación que se requiere? No lo sé, pero es un mejor criterio que el supuesto que si que “saca” mejor nota en un examen, se puede trabajar en cualquier lado.
Ideas así, que derivan de la experiencia del magisterio, serán imprescindibles. Hay que escucharles. No son mudos: son los que saben.
Twitter: @ManuelGilAnton
