IMPULSO/ Paola Félix Díaz
La reforma laboral recientemente votada en la Cámara de Diputados, constituye un elemento fundamental para el desarrollo social y económico de México, así como un impulso decidido para potenciar a los diferentes sectores del país.
Las leyes secundarias que se reforman, derivado del mandato constitucional, tienen por objeto, transitar a la modernización del sistema de justicia laboral para hacer los procedimientos rápidos, expeditos y verdaderamente justos, así como sentar las bases para una auténtica transformación en el ámbito sindical y de contratación colectiva bajo los principios de democracia y autonomía.
En razón de ello, destaca que se plantea un nuevo modelo laboral, en el que se limita la discrecionalidad, se fortalece el Estado de Derecho y se resarcen los derechos colectivos a las y los trabajadores, quienes podrán ejercerlos libremente, dejando sólo como una dolorosa lección del pasado, el autoritarismo y la ilegalidad de las dirigencias sindicales.
El nuevo modelo laboral, hará efectiva la independencia del sistema de justicia laboral respecto del Poder Ejecutivo, de ahí que, propone la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En este sentido, prevé un Sistema de Juicios Orales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, como órgano autónomo, descentralizado y con recursos propios, para garantizar su imparcialidad.
Con la reforma planteada, se terminará con el rezago de denuncias presentadas por las y los trabajadores, las cuales, en muchos casos se prolongaron por más de diez años. Ahora, la meta es que el término máximo para un juicio laboral sea menor a un año.
En suma, la reforma está basada en la vigencia del principio de representatividad sindical como condición necesaria para un nuevo diálogo social que lleve a México por la ruta de la productividad y la competitividad, asegurando así el crecimiento sostenido y el acceso al trabajo digno, en aras de mejorar los salarios y las condiciones laborales de las y los trabajadores de México.
Bajo el anterior orden de ideas, es necesario reconocer que quedan aún diversos temas pendientes como la subcontratación y lo referente al apartado B del artículo 123 constitucional. No obstante, también hay que tener claro que, las reformas planteadas son un primer paso de vital importancia, que sentará las bases para el nuevo pacto social que tendrá lugar en la cuarta transformación.
En este escenario, una vez que la reforma laboral cobre plena vigencia, el sector turismo se verá favorecido, ya que, tanto los empresarios como las y los trabajadores, tejerán nuevas relaciones, alejadas de viejas prácticas y vicios perniciosos que vulneran las inversiones y merman la cantidad y la calidad de los empleos.
En otras palabras, el contenido aprobado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cristaliza los resultados de la lucha que por décadas ha tenido la clase trabajadora en defensa del trabajo, del salario digno, de las condiciones laborales y por una legítima representación sindical. Resultados que se traducirán en bienestar y una mejor calidad de vida para las y los trabajadores del sector turismo y sus familias.
La libertad y autonomía sindical contemplada en los convenios 87 y 98 de la OIT, hoy serán una realidad, respetando siempre los principios de representatividad y consulta directa a los trabajadores mediante voto personal, libre, directo y secreto en la elección de dirigentes, conflictos de titularidad y celebración de Contratos Colectivos de Trabajo nuevos. Además, se mantiene el postulado de que sólo habrá un sindicato titular de la contratación colectiva.
En suma, se protege a las y los trabajadores de líderes sindicales corruptos que por años se han mantenido al servicio de patrones sin escrúpulos ni ética y se protege también, a los patrones de sindicatos “charros” y de supuestos líderes quienes esconden la extorción bajo el disfraz del corporativismo.
Si en algún sector, la reforma laboral será un parteaguas para el desarrollo, la justicia y el bienestar social, es en el turístico.
Bienvenida la transparencia sindical, la justicia laboral, la conciliación, los derechos colectivos, la cultura de la legalidad y, sobre todo, la reconstrucción de las relaciones obrero patronales que les dará certeza y seguridad jurídica a ambas partes.