IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Por tal motivo, la ASF determinó tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 14 pliegos de observaciones y una recomendación.
Se trata de una probable defraudación que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el programa de Apoyos y donativos que durante 2017 otorgó la Secretaría de Cultura a 308 proyectos municipales y estatales que suman 226 millones 667 mil 599.
Según la ASF estos corresponden a proyectos que no se realizaron e hicieron cotizaciones falsas o alteradas, además se dieron pagos en excesos, incluso quienes realizaron actividades de autobeneficio y no se localizaron proveedores entre otras irregularidades.
En la Cuenta Pública 2017, existe una defraudación por 63 millones 485 mil pesos en 34 proyectos. Pero además, hay otros 274 proyectos que fueron revisados y que representan 789 millones 238 mil pesos, en los que no se encontró documentación comprobatoria de la aplicación de 180 millones 283 mil pesos, aunque en el transcurso de la investigación, señala la Auditoría, se recuperaron 17 millones 100 mil pesos.
Por tal motivo, la ASF determinó tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 14 pliegos de observaciones y una recomendación.
El pasado miércoles, la Auditoria Superior de la Federación presentó la fiscalización a los subsidios que se otorgan a través de la partida S268, que en 2017 destinó 553 mil 919 pesos, y concluye que la Secretaría de Cultura “debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender parcialmente el S268”, pues en general no asegura el diseño de las reglas de diseño y operación.
Cuando se aprobó el incremento a la cultura por 500 millones de pesos y se destinaron expresamente a la partida S268, especialistas de legislación cultural consideraron un acierto la decisión, pues señalaron que el programa tenía reglas claras; sin embargo para Cuenta Pública 2017 no es así.
En México hay 2 millones 96 mil 871 bienes del patrimonio cultural que custodia la Secretaría de Cultura y sus unidades administrativas, así como el Instituto Nacional de Antropología (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), sin embargo, al ser fiscalizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017, se concluye que el gobierno mexicano carece de disposiciones legales para la preservación de su Patrimonio Cultural.
Según la Auditoría, la Secretaría de Cultura no cuenta con un catálogo, ni siquiera de los 2 mil 752 bienes inmateriales que tiene a su cargo, y el INBA no dispone de información sobre el número de bienes que integran el patrimonio artístico.
Otro ejemplo de la falta de disposiciones legales es que en 2017, el INAH registró la presentación de 35 denuncias penales por delitos cometidos contra bienes del patrimonio cultural a su cargo, y al cierre del año el instituto no había recuperado ningún bien y las investigaciones se encuentran en proceso.
La Auditoría fiscalizó también los trámites y servicios que contribuyeron a la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor y determinó que la dependencia realizó trámites en materia de protección, servicios de registro y efectuó procedimientos de solución de controversias, pero no garantizó la certeza jurídica de los autores y titulares de los derechos conexos y patrimoniales.
La Impresora y Encuadernadora Progreso S. A de C.V, que es una entidad paraestatal dependiente de la Secretaría de Educación Pública y que edita la totalidad de los libros del Fondo de Cultura Económica, fue otra de las instituciones auditadas.
Uno de los contratos que más llama la atención es el sostenido con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por 249 mil 981 pesos para la compra de 3 mil 998 kits de estimulación temprana y 3 mil 187 kits de Evaluación de Desarrollo Infantil.
La ASF emitió 81 recomendaciones al desempeño, 18 observaciones y cuatro sugerencias a la Cámara de Diputados, con la finalidad de elaborar un proyecto de ley reglamentaria o que “se reforme la legislación federal vigente para que se regule la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial”
