IMPULSO/ Rogelio Gómez Hermosillo
Analista Político
En días pasados, la sociedad civil fue descalificada por el Presidente. Desde la tribuna que marca la deliberación pública, con todo su peso formal y simbólico. Y sobre todo con la “circular 1” que prohíbe canalizar recursos públicos federales a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para “terminar con la intermediación que ha generado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.
Mi reacción era escribir aquí una carta al Presidente. Típico reflejo del pasado y craso error estratégico: voltear hacia la cima del poder. Es lo contrario a lo que quiero proponer frente a esta descalificación y su posible secuela.
Lo que propongo para las OSC, frente a discurso y acciones que atentan contra la gobernanza democrática, es dar 3 pasos hacia adelante: defensa, promoción y fortalecimiento.
- Hay que blindar lo fiscal. Nada debe coartar el derecho constitucional a la libre organización, establecido en el art. 9º de la Constitución… Los recursos de las OSC están destinados a acciones de bienestar social y deben permanecer exentos de impuestos o regulación especial, por ser organizaciones no lucrativas.
- Los discursos tienen secuela y hay muchos prejuicios que pueden florecer. Urge prepararse para frenar cualquier intención de modificar el carácter de personas morales exentas del impuesto sobre la renta de las OSC. O para modificar las reglas o poner obstáculos para la autorización de emitir recibos deducibles. Así como evitar cualquier forma de control -o linchamiento mediático- sobre donativos internacionales.
- Hay que promoverse con una imagen común, diáfana para “todo mundo”. Las OSC producen bienes de interés público, prestan servicios invaluables. Pero muchas veces no se sabe. Suena mucho más un escándalo, que millones de acciones cotidianas “calladas”.
Urge una identidad común que pueda ser reconocida y apreciada por todas las personas: niñas, jóvenes y adultas mayores; en pueblos indígenas, comunidades rurales y grandes metrópolis.
El “sello OSC” debe ser conocido especialmente por las millones de personas que participan en actividades de las OSC. Quienes se benefician de la prevención y atención de adicciones, de la inclusión de personas con discapacidad, del desarrollo infantil en los primeros mil días de vida, de la inserción laboral de jóvenes en riesgo, de la protección de mujeres violentadas, de la vigilancia de presupuestos públicos, de la defensa de riqueza natural y los territorios, de la promoción de cooperativas y empresas sociales, de la búsqueda de desaparecidos y la defensa a víctimas de la violencia, y de los mil etcéteras más, que día a día las OSC realizan.
Todas las OSC deben difundir por todos los medios posibles su identidad como sociedad civil. El “sello” de que son organizaciones al servicio de los demás, que defienden causas ciudadanas, que trabajan por México.
El “pueblo” debe ser el principal testigo y aval del valor social generado por las OSC. Promovamos nuestra identidad compartida.
Hay que fortalecerse. En aspectos administrativos, técnicos, comunicativos pero, sobre todo, en este momento, hay que ganar fuerza política (no electoral o de partido). La propuesta es lograr que el derecho ciudadano a participar en políticas y programas públicos esté expresamente reconocido en la Constitución.
Consigamos el respaldo de más de 150 mil firmas para presentar una iniciativa legislativa ciudadana para que la Constitución establezca expresamente “el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos” y que obligue a todas las autoridades del Estado a “fomentar y facilitar la participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y programas públicos”.
Este derecho sería el fundamento transparente para defender el acceso a recursos públicos. No por dádiva o por “costo beneficio”. Sino por ser un pilar indispensable de la democracia participativa. Por ser un derecho ciudadano.
Twitter: @rghermosillo
