IMPULSO/ Gonzalo Vaca
Columnista político
Un grupo de intelectuales, artistas, empresarios y políticos llamó a construir una iniciativa para generar contrapesos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, iniciativa que se puede apoyar si la sociedad mexicana quiere trascender hacia un mejor estadio de desarrollo.
“En cualquier democracia el poder debe tener límites, contrapesos, equilibrios y sobre todo en una circunstancia donde el poder está como nunca concentrado en una sola persona, desde muchos puntos de vista”, explican los animadores de la iniciativa.
Cuando en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se impulsó la creación de los órganos electorales (que dio origen a la creación del actual Instituto Nacional Electoral) alejados del poder del gobierno y de los partidos políticos, impulsando la figura de los ciudadanos en el centro de las decisiones, logró lo que parecía imposible: legitimar a su gobierno y dar transparencia y credibilidad a los procesos electorales.
Tuvo la visión de darle a la democracia mexicana el soporte institucional que cualquier nación que se respete debe contar, fortalecer y defender.
Alentó la creación de partidos “satélites” que le dieron legitimidad a su mandato. Abrió las cámaras a la oposición y encauzó las demandas de los diferentes grupos sociales, principalmente de oposición, radicales, anarquistas y comunistas, tan comunes en esa época.
Los espacios legales se abrieron igualmente para exigir atención a los pueblos marginados y a los grupos sociales que por antonomasia carecían de acceso al poder, a las decisiones sin consulta, lo que motivó que salieran a las calles, tomar las sierras y apuntarse acciones golpistas por “olvidados”.
Fueron tres los paquetes de reformas constitucionales que abrieron la puerta a la alternancia en el poder y a la ciudadanización de los procesos electorales y al principio del fin del partido hegemónico.
La primera Reforma en 1989, dio origen al Instituto Federal Electoral (IFE), que comenzó a funcionar el 11 de octubre de 1990; se crea el nuevo Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe), en agosto del mismo año, así como el Tribunal Contencioso Electoral se transforma en el Tribunal Federal Electoral (Trife).
En tanto que los cambios constitucionales de 1993 abrieron paso al senador de primera minoría y apareció la figura del observador electoral. En 1994 se establece la figura del consejero ciudadano. El Trife es definido como un órgano autónomo del Estado y adquiere la facultad para calificar la elección de diputados y senadores; surge así la verdadera División de Poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Así es como en los últimos lustros México logró transitar, con voluntad política, hacia un paulatino desmantelamiento del régimen de partido hegemónico y se otorga legalidad a los grupos y partidos que excluidos operaban desde la clandestinidad; derivó, a la postre, en la legalización de los partidos Comunista y Socialista.
El equilibrio entre poderes es la conquista política más importante de las últimas tres décadas. Se dejó atrás el poder presidencial ejercido vía el partido de Estado y los legisladores “a modo”. Fue lo más sano social y políticamente hablando.
Nadie, en su sano juicio, así sea el presidente más votado en la historia reciente de México debe tener el poder absoluto en sus manos, porque el autoritarismo es el siguiente nivel.
El poder político aglutinado en una sola figura es demoledor y de eso la historia da cuenta y es testigo fiel de lo que aquí se escribe. Hay tantos pasajes de autoritarismo que terminan en la destrucción de las instituciones.
El poder del Presidente y su partido hegemónico se ventila ya avasallador. Parece ser que México regresa al “Sí Señor” cuando precisamente esa práctica no ilegal, pero sí inmoral -parafraseando la terminología de la pejecracia- está de vuelta. Nada más peligroso para una sociedad que no termina de madurar como país.
El autoritarismo es una tentación que ya se respira en el entorno del mandatario mexicano. “Lo que yo digo, es porque tengo la razón y es lo que se hace”. Que nadie se atreva a cuestionar sus decisiones so pena de ser castigado.
Con un linchamiento propio de las dictaduras, el jefe del Estado mexicano quiere intimidar a los organismos autónomos y a quienes se atrevan a decirle que no.
Ya arremetió contra jueces y magistrados; contra empresarios e inversionistas. Los acusa de corruptos sin aportar una sola prueba y menos los lleva ante la justicia. ¿Será acaso porque el único y gran juzgador es él?
Siempre será oportuno hacer un alto para vislumbrar el devenir histórico y hacer un llamado de “alerta” cuando las señales que se envían desde el púlpito del poder presidencial amenazan la paz social.
Más vale ahora levantar la voz y no después lamentar no haberlo hecho en el momento en que se gesta la intransigencia por violentar la Ley y la concordia.
Unámonos, todos, gobierno, sociedad e instituciones alrededor de la soberanía de los poderes. El equilibro es sano para la República. Siempre será mejor escuchar que imponer.
El debatir es construir. Aceptar que otro piensa diferente no es golpista, ni mucho más. Es una práctica común en las democracias más avanzadas en el mundo. Lastimosamente la mexicana no lo es, aún.
México avanzó sólidamente para alcanzar la democracia incipiente que permitió a AMLO llegar al poder. Ahora lo detenta, pero debe ser acotado por salud de la República.
¿Será acaso que después de conseguir el poder y la complicidad de sus cámaras para ejercer el autoritarismo irá luego por la reprensión?
Como sociedad tenemos una responsabilidad igualmente histórica de fortalecer el esquema democrático mexicano que permite hoy la alternancia. Es una conquista de todos, no dejemos que una gavilla que antes criticaba y que hoy aplaude el poder omnímodo, nos arrebaten el presente y futuro de la Nación.
