IMPULSO/ María Elena Morera
Columnista Política
Por principio de cuentas, hay que decir que la crisis de inseguridad que vivimos no se va a resolver de un día para otro, ni en un año, ni en mucho tiempo; eso, suponiendo que se hiciera lo que hay que hacer, que es reconstruir nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia, y poner en marcha una auténtica política de prevención. Sin embargo, el gobierno va en otra dirección; así lo indican sus actos y sus documentos. Me voy a referir a la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, difundida recientemente. Es realmente una joya.
El documento parte de un diagnóstico que incluye únicamente cuatro cifras. Dos del Inegi, una del Índice de Paz Global, y una del Índice de Percepción de la Corrupción. Sin claridad conceptual ni precisión estadística, se establece un punto de partida ambiguo y confuso.
Así arrancamos, pero el resto del documento resulta, en ocasiones, muy extraño. Contiene contradicciones flagrantes como referirse al desgaste y la pérdida de confianza en las Fuerzas Armadas por su participación en funciones policiales, al tiempo que se propone la creación de una Guardia militarizada, a la que se integrarán soldados y marinos que harán las veces de policías. Para tratar de explicar y de explicarse la extraña entidad que es militar, pero no es militar, inventa conceptos (es un decir) como el de “seguridad pública interior”. No importa que la Constitución separe la seguridad pública de la seguridad interior, precisamente para distinguir corporaciones civiles de cuerpos militares.
La “moral” salpica todo el documento, generando frases como la necesidad de “transitar de una autoridad vengativa a una autoridad justa”… y, de nueva cuenta, la también infaltable contradicción, pues el nuevo gobierno alienta la ampliación de delitos que implican prisión automática. Si entendí bien, lo que busca el gobierno es meter a la cárcel sin juicio a más personas que, como siempre, serán los más pobres y vulnerables, pero no debemos preocuparnos porque ahora, desde el primero de diciembre, la autoridad ya es “justa”.
Luego vienen algunas perlas, para las que me faltaría espacio. Sólo a manera de ejemplo, en el apartado de drogas, se equipara la taurina que contienen algunos refrescos, con la cocaína, la heroína o las metanfetaminas.
En ocasiones el documento se torna francamente bizarro, parecido a algunas iluminaciones tipo “new age”. No exagero. Baste decir que, después de la consabida letanía contra ese monstruo difuso del neoliberalismo, se procede a exaltar “el modelo civilizatorio mesoamericano”.
Las “características” de este documento son graves porque denotan una absoluta carencia de conocimiento sobre el tema, e incluso de sentido común. Eso sí corresponde con lo que están haciendo, que se limita a terminar de destruir corporaciones civiles, como la Policía Federal, y otorgarle al Ejército en la Constitución las atribuciones para operar como policía (también es un decir). De desarrollo policial no se dice ni una palabra. Tampoco de la construcción de una nueva Fiscalía para sustituir el desastre que es la PGR. Y, de las cárceles, que son epicentros de operación delictiva, como si no existieran. Y el detalle de que seguimos sin conocer la política criminal del gobierno.
¿Qué podemos entonces esperar? El colapso de lo poco que había construido el país en términos de seguridad pública, mayor violencia, sobreexposición de las Fuerzas Armadas, expresiones cada vez más frecuentes de violencia privada (desde autodefensas hasta linchamientos) y, cuando las cosas se pongan peor, que culpen al enemigo en turno e intenten ocultar la realidad. De por sí ya se nos dijo que no le gusta la información, y tampoco el análisis, la crítica, ni las propuestas.
Twitter: @MaElenaMorera
