ENTRE VISIONARIOS Y VISIONUDOS

IMPULSO/ Luis Ángel Sánchez R
Artículo de opinión
Pendiente de la “4-T”: Desmitificar al narco.
Según se sabe, por una entrevista periodística publicada el domingo pasado en un diario de circulación nacional, en la capital colombiana de Medellín se está implementando, como programa oficial, esto es, de gobierno, una campaña publicitaria-propagandística, encaminada a desmitificar al narcotraficante, contrarrestando la figura de héroe que le han formado los medios de comunicación comerciales hoy, como lo hicieron en su momento con el “gánster norteamericano” que, cabe decirlo, sin dejar de ser simples delincuentes y por tanto entes dañinos a la sociedad, fueron elevados a míticos personajes que, indudablemente, han marcado y marcan la vida de más personas de las que nos imaginamos con una repercusión clara e indiscutible: el grado de violencia que aún vivimos.
Y es que, si se ve con objetividad, el ejemplo que da el gobierno colombiano a México (expresamente en ese sentido, puesto que así lo dio en la entrevista mencionada el secretario privado de la Alcaldía de Medellín), es el de una política de estado…”con visión de estado”, puesto que no puede -no debe- simplemente, mantenerse como espectador de los fenómenos sociales que ocurren en nuestra cultura y menos aún con el efecto tan dañino a la población en general que produce el de la mitificación de los delincuentes, y no solo por una perspectiva moral (lo que no es nada menor y debiera ser de gran importancia no solo para los personajes del gobierno y la representación pública o del pueblo sino para el pueblo mismo, esto es, para todos nosotros), sino también por una responsabilidad objetiva, “porque es pate de su chamba, se podría decir en estos tiempos de distintas formas a las priistas clásicas de tanta solemnidad”, siendo un ejemplo lo que se refiere a la educación que, en el caso mexicano, corresponde al Estado –es decir, al gobierno- y está consagrado en el artículo tercero de nuestro máximo ordenamiento jurídico, esto es, la Constitución federal y que, según dice a la letra en su párrafo segundo: “la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia…”.
Es decir, no es absurdo pensar en la grave obligación que asiste al gobierno federal, principalmente, por lo que se refiere a las políticas públicas en materia de educación, máxime si se analizan los resultados objetivos, que no se deben medir en si alguien lora una “medalla del conocimiento”, o en si tal o cual grupo de alumnos de tal o cual universidad o instituto logran destacar, incluso a nivel mundial, no, esa es una forma si bien tradicional, en extremo y patológicamente tradicionalista que no muestra parámetros reales de efectividad en las políticas públicas de educación pues, como aseguran varios estudiosos tanto de la política, como de la administración pública e incluso de la sociología -entre otras materias del conocimiento tanto humanista como de la administración pública- los resultados reales de las políticas públicas se miden en el grado y tipos de problemáticas que vive cada sociedad, es decir, en México, por ejemplo, tenemos un muy alto grado de corrupción, según se ha evidenciado en este primer mes de gobierno federal, lo que es producto no solo de una clara carencia de valores “contra-corrupción”, que fueron siendo cultivados a partir de prácticas monopólicas y viciadas del poder, como todos sabemos, en la cultura priista más reciente a grados de un cinismo ya no solo ofensivo en extremo sino franca y claramente enfermizo. (Continúa el próximo martes en este espacio)
[email protected]