IMPULSO/Lourdes Morales Canales
Artìculo
La cruzada lanzada por el gobierno federal contra el robo de combustible ha puesto al descubierto cómo los múltiples tentáculos de una compleja, pero bien organizada red de corrupción, penetró el corazón de Pemex, creció aceleradamente y se diversificó con la connivencia de las autoridades.
La rapiña que aparentemente inició con la comercialización informal de gasolina en apenas un puñado de municipios, se convirtió rápidamente en una auténtica industria del saqueo. Según el documento “El robo de combustible: asalto a la nación”, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, uno de los detonadores fue la implementación de la reforma energética con la liberalización del mercado y el alza de precios del combustible.
A partir de ese momento, la coexistencia entre el robo de combustible —o huachicol— y el mercado de hidrocarburos involucró al mercado formal, a través de las gasolineras fijas que aceptaron gasolina a un precio menor o aquellas que empezaron a cobrar el faltante con litros que no son de a litro. Pero también incluyó al mercado negro en el que participan miembros del crimen organizado con acceso a buenos niveles de información sobre operativos, responsables, infraestructura, ductos, transporte, tiempos de extracción y operaciones financieras. Algunos de estos grupos operan mediante el saqueo clandestino, con ayuda de familias enteras, como una rama más de sus diversas actividades delincuenciales. Pero también lo hacen a través de canales legales. La amplia investigación de Guadalupe Correa llamada “Los Zetas Inc.”, dedica todo un capítulo al funcionamiento de los cárteles como corporaciones, así como su incursión trasnacional en el mercado de hidrocarburos.
Esto puede explicar por qué mientras en 2004 existían 102 tomas clandestinas, para el 20 de diciembre de 2018 el número se había disparado a 12 mil 581 de estas tomas. Los estados que encabezan la lista del huachicoleo son Puebla —en donde opera el llamado “triángulo rojo”—, Hidalgo y Guanajuato.
El caso Pemex es una fotografía de la corrupción sistémica en México. Estaríamos frente a lo que Salcedo y Garay llaman reconfiguración cooptada del Estado o captura. Se trata de acciones coordinadas que han trastocado las reglas de las instituciones, manipulándolas y dejándolas al servicio de intereses particulares.
Por ello, la solución no se puede limitar a un asunto de policías y ladrones jugando a las vencidas. La estrategia debe de incluir acciones que vayan más allá de la vigilancia de instalaciones y el cese de servidores corruptos. Estos deben de ser investigados a cabalidad para generar información estratégica.
Se necesita conocer sobre el proceso de cooptación de funcionarios, sus fuentes de financiamiento, el destino de los recursos generados, el número, tipo y jerarquía de los actores que conforman la red y las formas de relación social establecidos. También se debe de contar con información que permita conocer el nivel de resiliencia de la estructura, es decir, la capacidad que tienen para resistir ataques de las agencias de seguridad del Estado sin desarticularse.
Nadie en su sano juicio puede estar en contra de atacar actividades que representan un desfalco público de 60 mil millones de pesos al año. Pero sin las herramientas y la planificación necesarias, habrá desabasto temporal, se restaurarán algunas tomas clandestinas pero se reabrirán otras fugas y el saqueo seguirá existiendo hasta que la industria aguante.
