IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad De México
Al igual que otras dependencias del gobierno federal, aproximadamente 150 empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han amparado ante la eliminación de prestaciones del gobierno federal como parte de las medidas de austeridad que aplica a partir de este sexenio.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el socio abogado de Trusan y Roma, Rodolfo Martínez afirma que representa legalmente a los afectados, explicó que se trata de trabajadores de base así como directivos de confianza que se oponen principalmente a la eliminación del servicio médico privado y del seguro de separación individualizada.
Este lunes, trabajadores de la dependencia se manifiestan a las afueras de la dependencia, en Insurgentes Sur, a la altura de Plaza Inn, donde ya han comenzado a realizar algunos cierres a la circulación.
“El tema principal es que ya tienen un derecho adquirido, han trabajado durante años con una serie de prestaciones en términos de la Constitución y no se puede de un plumazo con el Presupuesto y con un oficio quitarlos”, dijo el abogado.
Así, Martínez explicó que su firma está emprendiendo la demanda de juicio de amparo indirecto contra el Presupuesto de Egresos, así como contra los oficios de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública donde se les notificó a los trabajadores que se eliminaban sus prestaciones y también contra el manual de prestaciones que se publicó el 31 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación.
El socio de Trusan y Roma dijo que es muy probable que los afectados tengan amplias posibilidades de obtener una suspensión provisional contra la medida, además de que hay amplias posibilidades de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.
En ese sentido, dijo que al tomarse el criterio de supuesta austeridad, al bajar el sueldo se está provocando un agravio a derechos adquiridos de los trabajadores de manera retroactiva, lo cual está prohibido por la Constitución.
Trusan y Roma tiene también la representación de trabajadores de al menos 297 dependencias afectados por la medida, como el SAT, Hacienda, PGR, Bansefi, Nafin, entre otros.
