IMPULSO/María del Carmen Alanis Figueroa
Artículo
El pasado 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual abrió camino al reconocimiento de libertades y derechos fundamentales para cualquier ser humano.
El mundo venía de dos guerras mundiales, donde los derechos se menoscabaron y atropellaron. El gran acierto de la declaración es que permite a todas las personas vivir con igualdad, libertad, dignidad, paz y justicia sin que importe el lugar del planeta en donde se encuentren. De ese tamaño es su trazado.
A 70 años de la adopción de este tratado internacional, México enfrenta importantes retos. Algunas cifras que reflejan esta realidad son: en el primer semestre de 2018 hubo más de 300 feminicidios (FEVIMTRA); de 2015 a la fecha los tribunales locales han emitido 8,061 sentencias por delitos cometidos en contra de mujeres (FEVIMTRA); del año 2000 a la fecha han sido asesinados más de 120 periodistas (PGR); se han iniciado 4,328 carpetas de investigación por tortura (PGR); se investigan 11,556 casos de personas por desaparición forzada (CEAV); en los últimos 5 años se han levantado 470 indagatorias por delitos en materia de trata de personas (CEAV). Estos son sólo algunos de los temas que necesitan atención prioritaria del Estado.
Sin embargo, debemos reconocer que nuestro país está bien diagnosticado. Desde 2013, se han recibido 28 visitas oficiales de mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, las cuales han concentrado poco más de 2,600 recomendaciones. Lo que procede es que los tres Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos las ejecuten.
Entonces, la pregunta correcta sería: ¿qué necesitamos para mejorar el ejercicio de los derechos humanos?
La respuesta es sencilla, pero abarca muchas situaciones: “acceso a la justicia”. El reclamo social es encontrar una respuesta efectiva y expedita por parte de las autoridades nacionales, así como de los organismos internacionales, jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales cuando se haya vulnerado algún derecho.
El acceso a la justicia, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, es fundamental. De esta garantía depende el ejercicio del resto de los derechos humanos, así como la corrección y reparación de las causas que generaron las violaciones a los mismos. Su importancia es tal, que la CoIDH ha señalado que “[e]l acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones”.
De hecho, el Comité CEDAW establece que el acceso a la justicia es multidimensional ya que implica justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas y reparaciones para las víctimas. El Derecho es, por tanto, una herramienta que resuelve casos específicos y problemas estructurales.
En el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, una de las máximas aspiraciones de la justicia, es evitar que los hechos que dieron lugar a una violación de derechos humanos vuelvan a cometerse. Por ello, se deben generar resoluciones transformadoras por medio de reparaciones integrales.
Para que este modelo de derechos humanos funcione en un Estado con estas características, se necesita: I) el reconocimiento constitucional y convencional de los DH con el carácter de principios; II) la presencia de un régimen político donde funcione bien el sistema de pesos y contrapesos; III) la existencia de autoridades y de medios que protejan y garanticen el ejercicio de los derechos; y IV) medidas que garanticen la reparación integral y aseguren medidas estructurales para que no vuelvan a repetirse.
Si México quiere hablar del imperio de un Estado de Derecho, debe garantizar que los derechos humanos se ejerzan en plenitud, así como que existan las instancias ante las cuales puedan ser exigidos.
