IMPULSO/Francisco Rivas
Artículo
Los actuales niveles de inseguridad y violencia no pueden entenderse sin el componente de impunidad. En la medida en la que es fácil evitar sanciones ante la comisión de un delito, el factor impunidad se vuelve un incentivo para violar los derechos de individuos y colectividad.
Si la sanción no es por lo menos segura, clara y consistente, el sujeto no desarrollará temor al castigo, no transformará ese miedo en entendimiento del beneficio que implica el respeto de la norma y no podrá translaborar la necesidad de un beneficio directo e inmediato en la convicción de la importancia del respeto de la norma para el funcionamiento de la colectividad.
El daño que genera la impunidad no sólo afecta a la víctima directa, sino a todo el colectivo social, y funge como factor que impulsa y mantiene vigente la ocurrencia de delitos y violencia.
Por ello, el reto para nuestro país está en hacer cumplir la ley para que se pueda desarrollar en la mayoría del colectivo, la convicción del beneficio que significa respetar la ley.
Un empresario que estimo, persona experimentada y conocedora, cuestionó el sistema de justicia penal actual respecto al inquisitorio y repitió poco convencido una serie de lugares comunes ya escuchados: “los delincuentes cometen delitos y salen a la calle como si nada”; “importan más los derechos del delincuente que de la víctima”, etc.
Sus comentarios eran poco convencidos porque las afirmaciones sonaban a preguntas y no estaban incorporadas a un análisis más extenso, por lo que le compartí lo que en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), hemos podido investigar sobre el tema.
Mis argumentos parecieron convencerlo, pero me incitó a terminar la investigación del ONC acerca del funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia ante la transformación que vivió el país, que incluye diagnósticos generales y específicos, recomendaciones y propuestas viables, que asume una importancia vital a la luz de algunos sucesos que deben preocuparnos a todos los mexicanos por las implicaciones y antecedentes que sientan:
En principio, ampliar el catálogo de delitos que requieren de prisión preventiva oficiosa, parece que atiende las quejas alrededor de la supuesta puerta giratoria, sin haber antes propuesto un plan para resolver las deficiencias de los operadores del sistema, fortalecer la investigación o retomar la rectoría del sistema penitenciario.
De igual manera, otorgarse la facultad de remover a los fiscales o “ponerlos en la condición para que busquen otros caminos”, exhibe la incapacidad de construir un proyecto de seguridad y justicia, donde la política no juegue un rol determinante.
Indudablemente hay fallas en el SJPA, no por ello la solución es regresar a lo que nunca funcionó.
Si un funcionario —incluso el Fiscal General de una entidad—, ha cometido errores graves o ilícitos, la solución será un sistema de ministerios públicos capaces e independientes, que puedan incluso investigarlo y llevarlo ante la ley. Modificar a modo las leyes sólo exhibe los intereses políticos de una bancada.
Otro elemento en esta terrible farsa: los legisladores del partido de mayoría, que a su vez proviene de un partido que acompañó a un candidato, ahora presidente de la República, que una y otra vez criticó el actuar de las autoridades del pasado.
Parecen de un régimen represivo de derecha enfocado a lo superficial, olvidando el compromiso de luchar por los derechos humanos y resolver el origen de los niveles de corrupción y violencia en nuestro país.
Twitter: @frarivasCoL
