IMPULSO/Daniel Cabeza de Vaca
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La gran definición con la que se dio la elección de López Obrador se convierte en la oportunidad que el país esperaba para empezar a resolver la problemática de la violencia y criminalidad que nos afecta. Como se ha comprobado en otros países, solo con la movilización y participación decidida de la sociedad es posible enfrentar una problemática de ese talante, y es precisamente la legitimidad y el gran apoyo ciudadano que tiene el Presidente electo, lo que seguramente contribuirá a mover a la ciudadanía para acabar con la corrupción y cerrarle los espacios a la delincuencia, terminando con la impunidad.
Con emoción y esperanza tuvimos conocimiento que dos reconocidos especialistas italianos en delincuencia organizada aplaudieron el Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS). Siguiendo la línea de esos especialistas italianos, en nuestra opinión, se debe complementar el mencionado plan en tres vertientes. La primera deberá ser la elaboración de un programa para combatir el narcomenudeo, que es la principal causa generadora de violencia en nuestro país; dicho plan debe definir una adecuada distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, además de la necesidad de definir esquemas de coordinación y colaboración intergubernamentales. La despenalización del consumo y de la adicción, se vuelven imprescindibles y también contendrá programas de acciones y operativos específicos, con objetivos y metas claras, plazos y responsables de cumplimiento. La rehabilitación de personas que sufren adicciones y la prevención de las mismas, resultan fundamentales.
Como segunda vertiente se propone la elaboración de un programa específico de combate a la delincuencia organizada nacional e internacional, a sus estructuras y a sus esquemas de financiación. Proponemos priorizar la persecución científica y jurídica de los criminales y de sus recursos, por parte de la fiscalía y de la policía científica, que culmine con una sentencia condenatoria que incluya el decomiso de los bienes y dineros de uso o de procedencia ilícita, utilizando todos los mecanismos técnicos que nos proporciona la Convención de Palermo, sus Protocolos y nuestra Ley, evitando en lo posible el enfrentamiento armado. Se deberá ampliar la asistencia recíproca internacional y la cooperación y coordinación con todos los países que también son afectados por los mismos grupos delincuenciales.
El tercer aspecto que se debe considerar es la creación y reforma de mecanismos jurídicos que hagan efectiva la persecución del patrimonio de los criminales y la desarticulación de los esquemas de financiamiento de los grupos delictivos. Se requiere perfeccionar legislativamente la institución de la Extinción de Dominio, desvinculándola de las causas penales y estableciendo la posibilidad de utilizar la vía civil para extinguir el dominio. Así también proponemos que se cree una institución jurídica con los alcances de la RICO Act de EU. Hasta ahora, se ha logrado encarcelar a los grandes capos, pero no se ha recuperado nada de su dinero que, presumiblemente, se mantiene en posesión de su familia o del grupo delictivo, escondiendo su patrimonio en empresas aparentemente lícitas, sin menoscabar las estructuras financieras de los carteles; por eso, es necesario poder afectar a personas físicas y morales.
Como se sabe, uno de los aspectos innovadores de RICO es que no se limita a la persecución penal de los delincuentes, sino que también prevé sanciones que afectan el patrimonio de las organizaciones criminales. Inclusive prevé la posibilidad de que las fiscalías y quienes hayan sido afectados por las actividades de la delincuencia organizada demanden el resarcimiento de los daños provocados. Adicionalmente, las empresas que se ven involucradas en actividades ilícitas pueden ser disueltas mediante orden judicial y sancionadas económicamente, lo que constituye una seria consecuencia para los negocios que se presten para la ejecución de delitos, y por supuesto, una pérdida importante de recursos para la operación de la delincuencia organizada. Antes de su aprobación, únicamente era posible atacar parcialmente a las organizaciones criminales, afectando solo algunos de sus miembros y limitándose a ciertos aspectos de su operación delictiva; a partir de la vigencia de RICO, el gobierno estadounidense contó con las herramientas para abatir integralmente, en los ámbitos civil y penal, a la delincuencia organizada.
La sola movilización de la sociedad que puede lograr el presidente electo es el principio de la solución y el camino para la transformación que traiga para nosotros la paz y la seguridad. Si se escucha a los expertos italianos y lo que nos hemos atrevido a proponer, pensamos que esa anhelada paz puede ser lograda en breve plazo.
