IMPULSO/Francisco Rivas
Artículo
A quince días del inicio de la nueva administración federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá atender un país en crisis, donde la incidencia delictiva sigue creciendo.
Debido el tamaño del reto, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) sugerimos que el nuevo gobierno priorice el combate a delitos que generan una mayor descomposición social, como es el caso del robo de hidrocarburo, clave en el crecimiento de la violencia en el país. Este ilícito dispara la ocurrencia de otros delitos y, en particular, la descomposición de la seguridad en algunas entidades.
Desde 2014 el ONC advirtió sobre el crecimiento de este ilícito en el documento”Robo en México: ¿un delito cotidiano?”. Cuatro años después el fenómeno parece incontenible. En entidades como Puebla y Guanajuato, mes a mes, la cifra oficial de delitos violentos y la sensación de inseguridad crece, mientras que otros efectos, como el daño ambiental, ni siquiera son visualizados. Por ello, el pasado 6 de noviembre el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim)-Observatorio Ciudadano de Puebla (integrante de la Red Nacional de Observatorios del ONC) presentó el estudio “El robo de hidrocarburo en ductos, un delito enemigo del medio ambiente”. El documento analiza el periodo de 2012 a 2017 y nos permite conocer datos interesantes:
- No obstante lo establecido en la ley, los actores involucrados en combate al delito y la reparación del daño no tienen claro a quién le toca qué.
- Con base en las respuestas otorgadas por Transparencia por los varios actores, se registraron 30 mil 385 tomas clandestinas en todo el país, siendo Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México y Jalisco, las entidades que tuvieron el mayor número de tomas en 2017.
- En su mayoría, la información disponible está centrada en el diagnóstico del delito por el número y registro de tomas clandestinas por municipio, y la identificación de grupos de la delincuencia organizada que participan en el robo de hidrocarburo. Sin embargo, las estadísticas suelen variar entre una fuente y otra, y en el análisis de los sujetos activos es común dejar de lado a las comunidades y a las autoridades locales involucradas.
- Son cuatro las características del robo de hidrocarburos que preocupan: i) la existencia de complicidad forzada o voluntaria entre comunidades, autoridades locales, trabajadores y ex trabajadores de Pemex para cometer este delito; ii) los niveles de sanción, casi inexistentes; iii) los elevados márgenes de ganancia, que han ocasionado fricciones entre organizaciones criminales; y iv) la correlación con otros delitos, como el robo de vehículos, robo a negocios, homicidio doloso, desaparición y tráfico de drogas.
La transición política por la que atraviesa el país supone un grado considerable de incertidumbre por los factores asociados a las contingencias contractuales y por la nueva política de seguridad que se implementará. Algo que parece tener claro el equipo del presidente electo es la necesidad de impulsar el desarrollo social. Probablemente ningún delito como éste, requiera de la reconstrucción del tejido social y fomentar incentivos a la legalidad para las comunidades involucradas en este fenómeno.
El gobierno entrante no necesita iniciar de cero para descubrir cómo se comporta el delito y qué acciones fomentar, los diagnósticos ya están. Sólo es tarea que decidan impulsar las acciones necesarias toda vez que, en este caso en particular, la disminución de este delito y sus efectos violentos no se logran simplemente con austeridad, reforma normativa o por decreto, se requieren acciones, que inicien con el nuevo gobierno.
Twitter: @frarivasCol
