IMPULSO/Catalina Pérez Correa
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“A partir del 6 de abril de 2014, ya no se le da continuidad a dicha estadística, en relación de no ser necesaria para esta dependencia del Ejecutivo Federal…” Así respondió la Secretaría de la Defensa Nacional a la solicitud de información sobre el número de civiles que mueren al enfrentarse al Ejército. Con la excusa de que son las autoridades civiles —y no las militares— quienes tienen la obligación de dar seguimiento a la muerte de civiles, simplemente dejó de hacer público el número de civiles que mata. Según la misma dependencia, de 2007 al 6 de abril de 2014, habían muerto en enfrentamientos con el Ejército más de 3900 personas. ¿Qué institución civil da continuidad a ese dato a partir de esa fecha? ¿Qué institución investiga el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas para verificar que no se traten de falsos positivos como lo fueron Jorge y Javier, los estudiantes del Tec de Monterrey cuya historia se narra en el documental “Hasta los dientes”? Ninguna. La PGR, por ejemplo, reportó que entre 2006 y 2014, tenía registro de 34 civiles muertos en enfrentamientos con el Ejército. En otras palabras, nadie investiga el uso de la fuerza letal por parte del Ejército, ni lleva siquiera la cuenta de personas muertas a manos del Estado mexicano.
“No apostar a la guerra”. “No optar por el exterminio de los seres humanos, que no haya masacres en nuestro país. Que podamos garantizar la paz y la tranquilidad sin el uso extremo de la fuerza”, dijo Andrés Manuel López Obrador durante la clausura de los foros de pacificación la semana pasada. Y agregó: “Que policías, marinos, soldados vayan formándose en el respeto a los derechos humanos, que todas estas corporaciones tengan como base la formación, los programas de estudio, la regulación en el uso de la fuerza y la protección y defensa de los derechos humanos”. Minutos antes, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había hecho un recuento de la realidad que han encontraron en el país en materia de justicia y violencia: abusos perpetuados con intervención o permisión de agentes del Estado, la búsqueda de desaparecidos que llevan a cabo familiares con recursos propios y sin la ayuda del Estado, investigación ministeriales y judiciales inexistentes. Lo que describió fue, en suma, la contribución —no menor— del Estado mexicano a la violencia que se vive en el país.
Es una buena noticia que la próxima administración quiera poner fin a la guerra y que el próximo presidente asuma públicamente la responsabilidad de la violencia que ejercen las Fuerzas Armadas. La lógica de guerra ha guiado las políticas de seguridad de las últimas dos administraciones con consecuencias desastrosas. El despliegue de las Fuerzas Armadas sin objetivos claros y los enfrentamientos armados cotidianos son parte central de esa dinámica que ha generado la espiral de violencia y el deterioro de las instituciones civiles. Sin embargo, se requiere más que voluntad para poner fin a la guerra. Es necesario, como señaló la futura secretaria de Gobernación, la construcción de instituciones de procuración de justicia que investiguen y sancionen cada homicidio, cada desaparición (sean cometidos por funcionarios públicos o por ciudadanos). Se necesita, además, un marco que regule debidamente el uso de la fuerza, la implementación de mecanismos de evaluación sobre su uso y garantizar la rendición de cuentas y transparencia. La información, como los mecanismos de control, son elementos claves para la construcción de cualquier Estado de derecho.
Llevamos 4 años y medio sin siquiera saber el número de civiles muertos a manos del Ejército. Si realmente se quiere poner fin a la guerra en México, hay que comenzar por poner fin a la violencia del Estado y al silencio que le encubre. Mientras justifiquemos, sin más explicaciones, la muerte cuando seguimos con un Estado que ejerce la violencia como primera respuesta, seguiremos apostando por la guerra.
Twitter: @cataperezcorrea
