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Institucionalidad y tratados internacionales

IMPULSO/Guillermo Ruiz de Teresa

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El 29 de noviembre se firmará el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA); reafirmando a nuestro país, no como un jugador más, sino como un protagonista en el comercio internacional: hoy somos la 15ª economía global; representamos 1.54% del PIB mundial.

Creo que es necesario recordar que, en 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, México se adhirió al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) marcando un cambio de paradigma y, con ello, el inicio de México como un actor principal en el comercio global. Hoy somos el país con más tratados de libre comercio (12) con 46 países; de promoción recíproca de inversiones (32) con 33 países; y de Complementación Económica y de Alcance Parcial (9). Un total de 53 acuerdos comerciales con países que representan 60% del PIB mundial.

Al mismo tiempo, la firma del USMCA nos confirma como parte de la región más dinámica del mundo con un intercambio de 1.3 billones de dólares al año: el comercio de México-Estados Unidos es de casi 600 mil millones de dólares anuales (80% de nuestras exportaciones y 46% de nuestras importaciones).

Esta administración se ha caracterizado por firmar acuerdos comerciales que incentivan el crecimiento y desarrollo de nuestro país; por ejemplo, la modernización del TLCUEM (Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México) que conjunta a 28 países con más de 500 millones de personas y donde comerciamos poco más de 72 mil millones de dólares anualmente. También se firmó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11) que conjunta a 372 millones de personas y 14% del PIB mundial.

Durante el gobierno del presidente Peña se ha intensificado la relación política y comercial con la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) que representan 40% del PIB de la región. Este año, esta Alianza firmó, en Puerto Vallarta, un plan de acción para fomentar un área de libre comercio con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que apuntaría a un mercado común que concentraría 85% del PIB y 79% de la población de la región.

Desde la adhesión de México al GATT se apostó por el comercio internacional porque entendimos que, en el devenir de la historia mundial, las grandes regiones y ciudades del mundo crecieron y se enriquecieron con el comercio debido a que incentivan nuevas ideas y propuestas en el modelo de crecimiento y desarrollo económico y social, así como el libre flujo de ideas y tránsito de personas. Históricamente, las grandes potencias han sido las mayores comerciantes y promotoras del intercambio de bienes y servicios.

En México, la apertura comercial dejó de ser una política de gobierno para convertirse en una política de Estado; más institucional y que no está al vaivén de la voluntad de quien encabece el gobierno, sino que hace parte de una política de desarrollo nacional que genera seguridad y certidumbre. Tan es así que, para la modernización del USMCA, los equipos del presidente Peña Nieto y del presidente electo López Obrador, liderados por Ildefonso Guajardo, presentaron una sola cara; un solo equipo en las negociaciones.

Al igual que los tratados de libre comercio, durante estas últimas décadas hemos reafirmado nuestra voluntad democrática. Esto es, no nada más hacemos parte en las regiones comerciales más importantes del mundo, sino que reafirmarnos el respeto a los derechos humanos, a la democracia, al medio ambiente, al combate del tráfico de sustancias ilícitas y al lavado de dinero en favor de la seguridad nacional y regional. Asimismo, no podemos olvidar que México fue el país que incentivó la firma del Tratado de Tlatelolco que proscribió las armas nucleares en la región y por el cual el entonces canciller, Alfonso García Robles, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982. En suma, los tratados internaciones consolidan a México como un Estado más institucional, más moderno y con ¡mayor certidumbre!

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DATO:

En México, la apertura comercial dejó de ser una política de gobierno para convertirse en una política de Estado; más institucional y que no está al vaivén de la voluntad de quien encabece el gobierno, sino que hace parte de una política de desarrollo nacional que genera seguridad y certidumbre.