IMPULSO/Lourdes Morales Canales
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Al multimillonario Warren Buffet, gurú de empresarios y de algunos presidentes de Estados Unidos, se le atribuye la frase de que “cuesta 20 años construir una reputación y cinco minutos destruirla”. No le falta razón, principalmente si esto se aplica a instituciones públicas que han perdido confianza ciudadana.
La cuarta edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, documenta que somos una sociedad que confía mucho en la familia, en las universidades y en las escuelas, pero que al hablar de otras instituciones los hospitales parecen ser más confiables que los tribunales electorales o los órganos de representación popular.
La corrupción se mantiene como el segundo tema de mayor preocupación para los mexicanos. La insatisfacción frente a la persistencia de sobornos a la hora de acceder a un servicio básico nos sigue mostrando una división territorial entre el norte, con menos sobornos y el centro-sur con niveles alarmantes de coyotaje.
La urgencia de combatir la corrupción desde una perspectiva universalista, generando las condiciones para una sociedad más justa, más igualitaria y en la que todos ejerzamos por igual nuestros derechos fundamentales, está detrás de los resultados electorales del pasado mes de julio.
Por eso, fue alentador escuchar este lunes a Irma Eréndira Sandoval, próxima secretaria de la Función Pública, en el séptimo Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas. Por primera vez, el gobierno de la cuarta transformación se pronunció más detalladamente sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y las acciones de política pública que se impulsarán. Destaco las más relevantes.
A decir de la próxima secretaria, las dudas sobre el Sistema Nacional Anticorrupción no provienen del diagnóstico que le dieron origen, sino de la forma en la que fueron designados quienes hoy están al frente de sus instituciones. Esto significa que no vendrá una contrarreforma anticorrupción. La revisión del modelo de designaciones, a través de la revisión de criterios, trayectorias y vínculos servirán para evitar que las instituciones sean presa de intereses particulares. Será determinante este modelo a la luz de nombramientos pendientes como el fiscal anticorrupción y los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El relanzamiento del servicio civil de carrera y la urgencia de la profesionalización fue otra de las acciones anunciadas. Generar mecanismos incluyentes que eviten la permanencia de un sistema de botín basado en compadrazgos, debe ser uno de los ejes de la política nacional anticorrupción. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción podrían ser el puerto de inicio. Estas pueden convertirse en modelo de transparencia y rendición de cuentas. Pregonar con el ejemplo es el pase más seguro hacia la legitimidad y la confianza.
La futura secretaria habló también sobre la incorporación del derecho humano al buen gobierno y a la buena administración. Este derecho existe en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea y en la Constitución de la CDMX. Con ello, se abre la posibilidad para exigir un control democrático de lo público más efectivo. Articular la política de combate a la corrupción con los más de 350 mecanismos de participación que existen a nivel federal, más los existentes a nivel estatal y municipal, generaría una participación menos simbólica y más efectiva. Se trata de un enfoque totalmente distinto en el combate a la corrupción, uno que coloca al ciudadano —sin intermediarios— en el centro de las preocupaciones. Otras acciones anunciadas fueron las de incorporar el tema electoral y legislar a favor de denunciantes protegidos. Estas dos últimas requerirán un buen análisis sobre las fallas y riesgos de los diseños vigentes. Más allá de lo que se decida, no se está empezando de cero. La cuarta transformación tiene todo para iniciar la cosecha.
