Julio 16, 2024
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IMPULSO/Luis Miguel Loaiza

Cacería de Brujas o complicidad, escojan

El gobierno municipal es sinónimo de corrupción, de políticas públicas infructuosas, de gobierno fallido, es jalar un hilo y destejer toda la cobija. En Ecatepec una simple revisión al caso del helicóptero destapó la cloaca y cada día salen más y peores errores; por ejemplo, poco a poco se saben cosas como un adeudo superior a mil millones de pesos, por lo menos 50 juicios perdidos por el ayuntamiento por demandas de no pago a proveedores, un requerimiento para explicar el por qué se gastó más de 24 millones de pesos en la visita del líder de la iglesia católica y que todavía se adeuda a los proveedores, etc, etc y miles de etcéteras más.

La condición económica que dejarán en varias localidades a los nuevos gobiernos será deprimente en un afán por entorpecer ese cambio, pero entender que era necesario un nuevo modelo de gobierno será doloroso para los grupos de poder y un tanto incierto para la población que votó por ese cambio el pasado 1 de julio.

El que algunos alcaldes electos hayan dicho que no habrá cacería de brujas permite caer en la especulación y en el des ánimo pues muchos, de verdad, muchos esperamos que se castigue con la ley a quienes han robado, literal, el dinero del pueblo o que ha hecho dispendio con los impuestos, será importante que algunos paguen con cárcel sus errores, pues caso contrario se podrá tomar como actos de complicidad y eso no le conviene a nadie.

Cuadrar los gastos con facturas infladas o con obras inexistentes no será suficiente, se debe publicitar los excesos y buscar el castigo como parte de la sanidad en las finanzas públicas y en al imagen gubernamental, la negociación para un clima de paz social no aplica en estos momentos, pues los gobiernos salientes no tienen capital político ni económico para presionar por ese lado a los nuevos ayuntamientos y sí se valdrá la utilización de chivos expiatorios que calmen el ansia de justicia de esa mole llamada sociedad.

Casos como el mencionado o el de Atizapán de Zaragoza que al perder su partido la elección municipal cierran todo programa social y pagos en franca venganza por su frustrado intento por seguir viviendo del erario público son solo una muestra de la poca responsabilidad y carencia de sentido social de cada uno.

Los alcaldes electos deben presionar con los mecanismos jurídicos para obligar a los ediles todavía en funciones a aligerar la carga que pretenden dejar y pagar a los más que se pueda, especialmente en materia de proveedores y juicios a ejecutarse, pues a partir del 1 de enero del año próximo los cambios en las leyes (aprobadas al vapor y a conveniencia por la pasada legislatura) ahogará económicamente e impedirá el accionar y el cumplimiento de promesas de campaña de cada alcalde electo.

Se deberá revisar con lupa aquellas obras que se dan por terminadas y que en el campo no existen o están inconclusas pues los contratos con las empresas constructoras no fenece, sino que sigue para la siguiente administración y muchas licitaciones están diseñadas para ser cobradas después de este periodo municipal.

Por ley, en las obras el recurso debiera de tenerse ya etiquetado, pero si hay inmadurez administrativa, muchos serán engañados y cargarán con adeudos heredados, con compromisos adquiridos a varios años sin poder defenderse.

Por ello reitero la necesidad de generar equipos de trabajo no improvisados, que no solo sepan lo que es el proceso de entrega-recepción, sino el hurgar en las “letras pequeñas” de los contratos, en los fallos de responsabilidad de la Ley de Servidores Públicos, que sepa cómo aplicar las reglas de la Ley Orgánica Municipal y dar visto a la Contraloría del poder legislativo y, en su caso, al poder judicial en procesos no viciados de origen. En fin, no será un clásico cambio de poder, sino un proceso de estrategia política, administrativa y hasta judicial, por lo que habrá que valorar muy bien quienes integrarán esos equipos pues su repercusión será latente en las expectativas de permanecer en el gobierno para Morena.

DATO

Aunque no existe la definitoria de ayuntamientos en quiebra, muchos dejarán números rojos para los próximos gobiernos locales