IMPULSO/ Miguel Á. García
Toluca
: La diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera, aseguró que está a favor del programa de austeridad, sin embargo, llamó a que este recorte no se dé en el presupuesto de los estados frente a las necesidades que estos tienen.ANA LILIA HERRERA, diputada federal del PRI, aseguró que está a favor del programa de austeridad que propone e impulsa el próximo gobierno federal, sin embargo, llamó a que este recorte no se dé en el presupuesto de los estados frente a las necesidades que estos tienen. Al considerar que la elaboración del presupuesto será la madre de todas las batallas, la legisladora apuntó que están muy pendientes por el momento de lo que viene para el Pleno de San Lázaro con la glosa y comparecencia del gabinete federal. “Somos un estado que recibe una gran cantidad de migrantes todos los años, todos los días, y esperemos que el presupuesto corresponda con los muchos retos y necesidades que tenemos en el Estado”.
En entrevista detalló que la austeridad en el servicio público es una necesidad obligada, por lo que está favor solo sí esta no afecta a los mexicanos de a pie. “Lo que no puede tener austeridad son las necesidades de millones de familias mexiquenses para prevenir inundaciones, para tener escuelas dignas, hospitalidades dignos”.
El plan de austeridad de Morena prevé que las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones de los artículos 75 y 127 de la Constitución y de su ley reglamentaria, y se precisa que serán irrenunciables y adecuadas al desempeño de las funciones empleos cargos o comisiones y a la responsabilidad que estos entrañen.
La iniciativa de los diputados de Morena también establece que durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el presupuesto de egresos ni se aumentarán sus rotaciones. La Ley de Austeridad Republicana tendrá que ser aprobada antes de que se presente una propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.
El plan de austeridad de Morena prevé que las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones de los artículos 75 y 127 de la Constitución y de su ley reglamentaria.
