IMPULSO/ Redacción
Toluca
: Lo señalan como responsable de que no se aplicaran 980 millones para la instalación y funcionamiento del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ).
Integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, asociaciones civiles ambas, se plantaron frente al Congreso del Estado para exigir que la LX Legislatura investigue al Fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, por diversas irregularidades, entre ellas, haber sido de los principales responsables de que no se aplicaran 980 millones para la instalación y funcionamiento del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ).
Georgina Patricia Beleche, a nombre de los quejosos, hizo un llamado a la presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, Azucena Cisneros Coss, para que ordene asimismo una investigación sobre el papel que jugaron el Fiscal Gómez Sánchez, ministerios públicos y policías ministeriales en la ejecución extrajudicial del 30 de Junio de 2014 en Tlatlaya, haciendo además un exhorto al gobernador Alfredo Del Mazo para que le exija la renuncia.
Detalló que existen testimoniales e indicios sólidos por parte de la madre de una de la jóvenes ejecutadas (de tan sólo 14 años), la señora Clara Gómez González, mediante las cual se puede concluir que personal de esa institución tuvo una participación importante en la siembra de pruebas periciales falsas.
Asimismo, solicitan a la diputada Cisneros Coss que constituya una Comisión Especial que investigue el motivo por el cual no se aplicaron recursos públicos federales de la Partida 6000, aprobada por la Cámara de Diputados para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para la instalación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, además de que expliquen por qué no existe certificación constitucional de los ministerios públicos, peritos y policías ministeriales, toda vez que asignaron más de cuatro mil 500 millones de pesos.
Patricia Beleche puntualizó que la responsabilidad en la falta de aplicación de esos recursos es del Poder Legislativo en sus LVII, LVIII y LIX Legislaturas, que no cumplieron el Acuerdo por la Seguridad de los Mexiquenses al no haber etiquetado dichos recursos, con los que la entidad tendría operadores de justicia debidamente capacitados y certificados, así como jueces modernos y actualizados que aceleraran el otorgamiento de las libertades condicionadas y anticipadas.
En este sentido, apuntó que en los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 se otorgaron 40 millones de pesos para la adquisición de localizadores electrónicos.
