IMPULSO/Daniel Cabeza de Vaca Hernández
Artículo
La posible legalización de ciertas drogas para uso recreativo y medicinal se ha convertido durante los últimos meses en una propuesta recurrente por parte de líderes de opinión y de organizaciones civiles, sobre todo por los cambios que han ocurrido en ese sentido, tanto en Canadá como en parte de EEUU.
Esa iniciativa bienintencionada tiene como principales objetivos evitar el pernicioso tráfico de sustancias ilícitas, combatir a los grupos criminales y garantizar la seguridad de la población, esto fundamentalmente con motivo de los altos índices de delitos que tienen lugar con relación a la distribución y venta de estupefacientes.
No obstante, antes de tomar una decisión en esa dirección, cabría preguntarse si hoy México tiene la fortaleza institucional indispensable para transitar hacia un régimen de apertura, que a su vez esté sujeto al control de los países avanzados, quienes usualmente regulan la venta de la droga y atienden la adicción a nivel local.
La decisión que deba tomarse no debe penalizar el consumo ni criminalizar la adicción, como ya está vigente; ni tampoco defender la lucha en sí misma contra las drogas, máxime porque nuestra política nacional fue impuesta por el gobierno de EU, con lo que aumentó la violencia y se fortalecieron los grupos criminales.
Lo que sí debe tomarse en cuenta, en cambio, es el contexto real ante la eventual legalización de las drogas: 1. Altos niveles de penetración del crimen organizado en todos los ámbitos de gobierno; 2. Autoridades locales sin capacidad ni disposición para enfrentar el problema; y, 3. Control de algunas zonas por el crimen organizado.
En este sentido, una vez que tenga lugar esa liberalización, lo primero que podría suceder es que el crimen organizado busque afianzarse no sólo en la venta de drogas prohibidas, sino también en la comisión de numerosos delitos, como la extorsión y el secuestro, además intentar aprovechar la fragilidad estatal para controlar el mercado de drogas lícitas, incluida su producción, trasiego y mercadeo.
Justo esa relación positiva entre la liberalización de drogas y el aumento del crimen organizado, fue denunciada este año por el sindicato de la policía holandesa, en un informe para el Parlamento, sobre la incapacidad para combatir una nueva economía criminal “paralela” y hechos asociados a organizaciones delictivas.
De esta manera, la ulterior liberalización de las drogas en México no contendrá necesariamente al crimen organizado, sino que también lo podría fortalecer, sobre todo por la previsible ausencia de una regulación efectiva en la venta al por menor de las drogas lícitas, así como por la falta de acciones de rehabilitación.
Ni más ni menos eso fue lo que sucedió con la reforma contra el narcomenudeo de 2009, la cual, al permitir la portación y consumo de drogas para uso personal en cantidades máximas, pero sin que fuera acompañada de una adecuada política para regenerar el tejido social y que fuera dotada con suficientes recursos, se tradujo en un mayor mercado, que a la postre vinieron a controlar bandas locales.
Fue esa cruenta disputa por el control del narcomenudeo, sumada a la incapacidad y desatención de la autoridad local, lo que detonó una violencia sin precedentes, con récord de asesinatos intencionales en 2017, además del aumento en el consumo de drogas, principalmente entre jóvenes, mujeres y personas vulnerables.
No se trata de polarizar la discusión ni de imponer una visión personal sobre un asunto de interés capital para la sociedad y las familias mexicanas, que lidian con consumidores y tratan con sus propios recursos a drogodependientes. Lo único que se persigue es que el próximo gobierno federal, en un entorno de gran riesgo por el crimen organizado, no tome pasos en falso y sea exitoso en sus políticas y acciones.
En resumen, se considera que antes de liberalizar las drogas, el país debería enfocarse en las tareas de recuperar la paz, hacer valer el Estado de Derecho y fortalecer a las autoridades locales, mediante la realización de una convocatoria nacional en la que gobierno y la sociedad se comprometan a dialogar, trabajar y colaborar para cerrar, de manera conjunta, todos los espacios al crimen organizado.
