IMPULSO/Luis Miguel Loaiza
OHL y gobiernos mexiquenses anteriores podrían ser investigados por próxima Legislatura
Vaya “papa caliente” que le caerá a los nuevos diputados de Morena en el Estado de México con el asunto de la empresa OHL, pues ayer lunes se comprometieron a revisar el proceso con el que el Gobierno le otorgó a esa empresa la concesión hasta por 31 años de los derechos de cobro en el Circuito Exterior Mexiquense, que, dicho sea de paso, es uno de los tramos carreteros más caros del mundo.
La empresa española tiene en México su segundo mercado más importante en cuanto a captación de divisas, pues en 35 años desplazó a la mayoría de empresas mexicanas y extranjeras ganando la mayoría de licitaciones a precios muchas veces por encima de la competencia, pero disfrazados de un precio menor al momento de la contratación, esto para aumentarlo paulatinamente durante el desarrollo de los procesos de construcción.
Tan sólo en el Circuito Exterior Mexiquense, la empresa presidida por Juan Manuel Villar Mir fue acusada de un fraude que ascende a casi 60 mil millones de pesos: inicialmente, la obra fue tasada en cinco mil 600 millones de pesos, pero terminó costando 63 mil 200 millones. A decir de los abogados que hicieron pública la denuncia, fue dinero que podría haber sido utilizado en campañas políticas a favor del Tricolor.
La posible vinculación ilegal de gobernantes mexicanos con OHL no es nueva, se remonta al año 2002 cuando Arturo Montiel, en un viaje de negocios a España pacta con los directivos de la empresa para “traer modernidad al Estado de México”, situación que ha tenido continuidad con los siguientes sexenios y que ha dejado obras de la magnitud del ya mencionado Circuito Exterior y del Circuito Bicentenario, a favor de los españoles y en perjuicio de los mexiquenses.
Tampoco es nuevo el acuse de corrupción contra OHL, pues, también en España, OHL se ha visto envuelta en varios casos de corrupción política: su nombre, más concretamente el de su filial en México, ha sido relacionado con el pago de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obra pública. Entre los supuestos beneficiarios de esas comisiones está: el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy encarcelado por varios escándalos con dinero público; el de Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, e imputado por la justicia española por el caso Lezo, de presunta financiación irregular del PP, pues se ha visto obligado a dejar su cargo de consejero en el grupo tras ser llamado a declarar por el juez.
No obstante, López Madrid mantiene su cargo en otras empresas del Grupo Villar Mir. Las sospechas sobre la actividad de la empresa española en México suponen un nuevo golpe a su ya de por sí dañada reputación.
En otra entreg estaré tocando cifras y obras cedidas al corporativo europeo, sólo en el Estado de México.
Dato
Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, acusó directamente al Presidente de la República Mexicana, a Luis Videgaray y a Ruiz Esparza ante la justicia mexicana.
