IMPULSO/Carlos Samayoa
Artículo
¿Qué pasa cuando una víctima no es consciente de su condición y desconoce que hay responsables detrás de la situación que padece? Probablemente no sepa tampoco que tiene el poder de exigir sus derechos y acceder a la justicia.
Las 17 mil muertes prematuras que hay en México cada año por enfermedades derivadas de respirar aire contaminado son un ejemplo de esta situación. Muchas personas están hospitalizadas por padecimientos relacionados con enfermedades en las vías respiratorias como asma, Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), entre otras ocasionadas por la mala calidad del aire.
La población infantil es la más propensa a contraer estos padecimientos, tal como lo documenta Greenpeace y la Red por los Derechos de la Infancia en México en el informe “No apto para pulmones pequeños. Diagnóstico de calidad del aire y el derecho de niñas, niños y adolescentes al aire limpio”. Esto hace urgente evidenciar que detrás del vínculo entre mala calidad del aire y muertes prematuras hay responsables. Si el aire que respiramos está contaminado se debe a que los gobiernos federal y local no realizan los monitoreos necesarios ni destinan presupuesto suficiente para obtener más información sobre este problema.
A esto se suma que, actualmente, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) no establecen límites rigurosos que obliguen a reducir la cantidad de contaminantes en el aire, tarea que corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Si esto ocurriera, los estados y municipios se verían obligados a implementar sistemas de transporte público efectivos y sustentables para reducir el nivel de emisiones contaminantes, lo cual permitirá garantizar los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano.
Con el fin de exigir que se garanticen estos derechos, a principios de 2018 un grupo de niños y niñas, acompañados por Greenpeace, promovieron dos amparos para que los Juzgados Sexto y Cuarto de Distrito ordenaran a la COFEPRIS actualizar las NOM que establecen la cantidad máxima permitida de contaminantes en el aire conforme a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En días pasados se dictó sentencia, pero con resultados desfavorables a los derechos humanos. Al resolver este asunto las autoridades jurisdiccionales negaron la protección de la infancia, se centraron en formalismos de procedimiento y evadieron atender y pronunciarse sobre el tema de fondo: brindar máxima protección a derechos humanos.
Las resoluciones de ambos juzgados dilatan la solución de un problema que representa un peligro para toda la población y que la OMS reconoce como “el riesgo ambiental más grande para la salud en el mundo”. Dichas sentencias serán recurridas y los magistrados encargados de la decisión final tendrán la posibilidad de brindar un verdadero acceso a la justicia y lograr las medidas necesarias para evitar las mil 680 muertes de personas menores de cinco años por asma o por IRA, la tercera causa de muerte en la primera infancia en México.
Esta situación es bien conocida por los gobiernos, quienes tienen que actuar, dejar de normalizar la contaminación del aire, e involucrar a niños, niñas y adolescentes en todas las acciones. Por nuestra parte, propiciaremos un diálogo con tomadores de decisiones, así como con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. En el diálogo que se inicie con la nueva administración de gobierno, esperamos ver disposición de cumplir las propuestas de la agenda ambiental del virtual presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, cada día que pasa sin acciones contundentes, 50 personas mueren a causa de la contaminación del aire. ¿El contador seguirá avanzando?
