IMPULSO/ Mario Hernández
Toluca
: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, Miguel Sámano, explica los beneficios sociales de la reestructuración de la deuda estatal.
“La reestructuración de la deuda pública estatal, aprobada por la LIX Legislatura del Estado de México, significará ahorros por casi cinco mil millones de pesos durante la administración actual, recursos que se emplearán en sectores prioritarios como educación, seguridad, combate a la pobreza e inversión pública”, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Sámano Peralta.
El Diputado Local y Coordinador Parlamentario del PRI aseguró que la restructuración también tiene el propósito de encontrar mecanismos para un mejor manejo de la deuda, busca mejorar las condiciones de financiamientos ya existentes y obtener menores tasas de interés, ampliar plazos, mejorar condiciones de contratación y fortalecer la transparencia.
El Estado de México, dijo, tiene un manejo responsable de sus finanzas públicas, “reconocido por las agencias calificadoras internacionales, además de que tiene niveles de endeudamiento bajos, en proporción al tamaño de su economía” (2.1% del PIB Estatal).
El Legislador también se refirió a los beneficios de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, propuesta por el mandatario estatal, dijo que “la reforma era inevitable y llevarla a cabo es un acto de responsabilidad con los actuales derechohabientes y las futuras generaciones”, pues busca garantizar la permanencia de un Instituto que atiende diariamente a más de 375 mil servidores públicos y casi 60 mil pensionados.
El reto es fortalecer el sistema financiero del ISSEMYM, tercer instituto de seguridad social a nivel nacional, con el mayor número de derechohabientes afiliados, sólo después del IMSS y el ISSSTE.
La reforma tiene el propósito de consolidar la estabilidad financiera del Instituto, fortalecer el ahorro interno, garantizar la cobertura y calidad de los servicios, además de garantizar que ningún servidor público o pensionado pierda sus derechos adquiridos, entre otros beneficios”,
MIGUEL SÁMANO PERALTA, Presidente de la JUCOPO.
La reforma era inevitable y llevarla a cabo es un acto de responsabilidad con los actuales derechohabientes y las futuras generaciones, pues busca garantizar la permanencia de un Instituto que atiende diariamente a más de 375 mil servidores públicos y casi 60 mil pensionados”, MIGUEL SÁMANO PERALTA, Presidente de la JUCOPO.
