IMPULSO/Paola Félix Díaz
Artículo
Los múltiples problemas del país dan cuenta precisa de la dimisión del Estado para cumplir con las funciones primigenias que le impone un régimen democrático, constitucional y de Derecho.
La discrecionalidad permeó desde la cúpula hacia todos los niveles de gobierno, echando raíces profundas que avanzaron sin control hasta formar un enredijo perverso que dio paso a la corrupción, impunidad e ingobernabilidad.
La pobreza, la violencia y el mal uso de los recursos públicos son la más acabada expresión de la otrora clase dominante en el poder público. El triunfo del PRIMERO de julio fue del y para el pueblo, que decidió poner fin a prácticas indeseables que resultaron en la peor crisis ética de la historia del México contemporáneo.
En respuesta a dicha decisión, Andrés Manuel López Obrador y el equipo de transición hicieron públicas las primeras acciones sobre las que transitará el nuevo plan de gobierno para dar cauce a una adecuada articulación política, económica y social. Un proyecto de Nación que tiene como eje prioritario a los mexicanos y como objetivo central estabilizar al país para lograr la gobernabilidad.
En este orden de ideas, se planteó un Estado eficaz y eficiente, capaz de alcanzar las metas propuestas en un tiempo razonable y al menor costo posible como primer paso para dar respuesta a una de las principales exigencias ciudadanas: resolver el problema de la calidad de la acción gubernamental, a través de la institucionalización de prácticas y procesos que erradiquen el dispendio, la simulación, las complicidades y los privilegios que han obstaculizado el acceso mayoritario de la población a mejores condiciones de bienestar y desarrollo.
Así, el proyecto avanza por dos rutas paralelas y de manera simultánea. Por un lado, se encara el desafío de eliminar el Estado obeso, burocrático y corrupto; por el otro, se gesta el Plan de Pacificación que devolverá la confianza y certeza a la ciudadanía. Acabar con la corrupción, los privilegios, la impunidad, la pobreza y la violencia para abrir paso a la honestidad, la transparencia y la paz, es una condición necesaria para que la igualdad y la justicia sean una realidad cotidiana.
Como lo señaló la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la violencia no se va a combatir con más violencia; se hará uso de todos los instrumentos legales; se instrumentará una política pública integral y un programa de justicia transicional. Habrá amnistía y una ley de reducción de penas, pero no para quienes hayan cometido actos violentos; se atacarán las causas de la pobreza; se darán becas a los jóvenes; se crearán comisiones de la verdad integradas por asociaciones civiles, líderes eclesiásticos y organismos internacionales; se buscará amparar a niños cooptados por el crimen organizado, campesinos productores de droga o presos políticos; se intensificará la reconstrucción de las instancias de procuración e impartición de justicia, sobre todo a nivel local; se consultará a las víctimas; se hará uso de la unidad de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico; y se fortalecerá la figura de extinción de dominio.
No queda duda que las acciones de Andrés Manuel López Obrador tendrán como asidero la legitimidad del triunfo electoral y la voluntad del pueblo. Establecerá la gobernabilidad a través de nuevas reglas que garanticen el bienestar económico, el acceso a la justicia y la paz social.
El próximo presidente de la República envió a la clase política y gobernante del país un mensaje claro: no tolerará ningún acto de corrupción. Él mismo podrá ser juzgado por este y otros delitos graves, se acabará el fuero, la austeridad será un principio fundamental en beneficio del bien colectivo y los privilegios agonizarán hasta convertirse en un cadáver que, junto al del viejo sistema, será devorado por los mismos gusanos. @LaraPaola1
