IMPULSO/ Agencia SUN
Cancún, QR.
Un Tribunal Colegiado con sede en Cancún declaró “insubsistente” el Acuerdo General para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), firmado por Campeche, Quintana Roo y Yucatán en 2016, por haber excluido al pueblo maya en la elaboración y puesta en marcha de la iniciativa regional.
El acuerdo, presentado por los gobernadores de los tres estados en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Biodiversidad (Cop-13), celebrada en este centro turístico en diciembre de 2016, se elaboró y firmó “sin el conocimiento, participación y consentimiento del pueblo maya”, concluyó el Tribunal.
La sentencia, de carácter definitivo y no recurrible jurídicamente, establece que el ASPY queda sin efecto en las tres entidades federativas hasta que se cumplan diversas condiciones, entre ellas, la realización de una consulta pública indígena que involucre a todo el pueblo maya de la Península, lo que implica que dicha consulta será la más grande en su tipo que se haya realizado en México, indicó Raymundo Espinoza, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Dicha Asamblea asistió jurídicamente al Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, que promovió en enero de 2017 un amparo en contra del ASPY. La demanda fue desechada en la primera instancia, pero recurrida ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Cancún, que el 06 de junio falló a su favor.
La sentencia reconoce que la excluir al pueblo maya de todo el proceso de diseño, elaboración e implementación del ASPY, se afectaron los derechos colectivos de las comunidades indígenas de la región, ya que solo se tomó en cuenta a empresas, universidades y organizaciones civiles.
También señala que el acuerdo debió ser sometido a una consulta previa e informada y obliga a los tres estados a realizar ese ejercicio de participación, para revisar, analizar y eventualmente modificar el ASPY, incorporando dos capítulos contenidos en la resolución de un juzgado de Distrito, en Mérida, Yucatán, que también se pronunció sobre una demanda de amparo promovida contra el acuerdo, en aquella entidad.
Oficialmente, el ASPY forma parte de una estrategia regional elaborada por The Nature Conservancy (TNC), a petición de las tres entidades, para afrontar y mitigar los impactos del cambio climático, a través de acciones y proyectos que fomenten el turismo verde, la aplicación de energías renovables, eólicas, fotovoltaicas u otras; manejo de la biodiversidad, reforestación de la gran selva maya, por ejemplo.
Para las comunidades mayas, en realidad, el Acuerdo constituye un marco regulatorio para cobijar la realización de un conjunto de proyectos en territorios indígenas para despojar a las comunidades, subrayó Espinoza.
“Nosotros llamamos al ASPY, ‘Acuerdo para el Saqueo de la Península de Yucatán’, porque abre la puerta a proyectos culturales y naturales privados que van a generar conflictos sociales y ambientales, al no haber tomado en cuenta a las comunidades mayas en donde se quieren echar a andar.
“El acuerdo fue elaborado por TNC, una organización ‘gringa’ que es conocida por ser los acaparadores de tierra más grande del mundo. El acuerdo fue financiado por empresas regionales con intereses y se realizó a espaldas del pueblo maya”, detalló el litigante.
Bajo esa premisa, organizaciones indígenas en Yucatán y en Quintana Roo promovieron dos demandas de amparo contra el Acuerdo, en 2017, cuyos alcances son distintos, pero integrales.
En Yucatán, en una primera instancia, un juez de Distrito ordenó a los gobiernos de los tres estados, incluir dos capítulos en el Acuerdo; uno, que valore y reconozca la trascendencia del pueblo maya, en materia cultural, económica y agrícola en la Península, toda vez que el ASPY coloca a las comunidades como objeto de tutela y regulación, mas no como sujeto con derechos.
El segundo capítulo versa sobre el establecimiento de un procedimiento obligatorio de consulta, con todas los requisitos de ley, a las comunidades indígenas, cada que se pretenda realizar un proyecto vinculado con el ASPY.
“Los gobiernos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo impugnaron este acuerdo y estamos a la espera de que se conozca la resolución correspondiente; creemos que en unos tres meses”, precisó el entrevistado.
En Quintana Roo, el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar también promovió un amparo, pero les fue desechado en la primera instancia; impugnaron la resolución y obtuvieron del Tribunal Colegiado, la sentencia definitiva favorable, que obliga a los tres gobiernos, además de realizar la consulta pública al pueblo maya, sobre el contenido del ASPY, a modificarlo en caso de que el acuerdo sobreviva.
“Si después de la consulta pública al pueblo maya, el ASPY logra sobrevivir, tendrá que ser modificado e incluir los dos capítulos de la resolución que dictó el Juzgado de Distrito en Yucatán.
“También se obliga a los tres estados a publicarlo en sus órganos oficiales, a difundirlo de acuerdo con los principios de máxima publicidad y que todo el contenido sea no sólo en castellano, sino en maya”, concluyó.
