IMPULSO/Mario Maldonado
Entre cuestionamientos por el origen de su patrimonio y la guerra sucia impulsada por el gobierno federal, Ricardo Anaya terminó por desinflarse en la recta final de la campaña a la Presidencia. El golpe final se lo dieron los gobernadores de estados que gobierna el PAN y el PRD, los partidos que, junto con Movimiento Ciudadano, conforman la coalición Por México al Frente. Se sabe que al menos siete de los 16 gobernadores de la alianza Por México al Frente abandonaron a Anaya. Son los mismos que lo desairaron el día de su registro como candidato presidencial. Caso especial es el del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien está del lado de los que quieren reestructurar al partido una vez concluida la jornada electoral de este próximo 1 de julio. El político panista busca marcar distancia del candidato presidencial principalmente por los escándalos surgidos a propósito de su relación con los hermanos Barreiro.
Y es que las acusaciones contra el candidato frentista pusieron la lupa también sobre cada uno de los movimientos financieros o licitatorios de los funcionarios del estado. Específicamente los funcionarios cercanos al presidenciable, quienes han sido señalados por operaciones relacionadas con lavado de dinero o la triangulación de recursos, identificables incluso por depósitos directos a cuentas bancarias de los personajes implicados.
Documentos a los que tuvo acceso esta columna revelan que la gestión del PAN en el municipio de Santiago de Querétaro desvió en la administración de Armando Rivera Castillejos alrededor de 4 millones de pesos a través de empresas fantasma. Si bien la cifra luce modesta ante los cientos o miles de millones desviados que se escuchan en otros estados del país, el caso resulta peculiar por el poco cuidado que los funcionarios involucrados pusieron para hacer mal uso de los fondos públicos. Los fondos, producto de desvíos, fueron a parar a las cuentas del propio ex alcalde y ex regidor de ese municipio y a las de su esposa, Alejandra Hoyos.
El modus operandi consistía, según se lee en diversos correos enviados por la secretaria de Rivera Castillejos, Alejandra Iturbe La China, en solicitar a una misma persona facturas provenientes de diferentes empresas y por distintos montos. Rubén Álvarez Lacuma, quien se desempeña aún como secretario de Finanzas del municipio, era el encargado de buscar las empresas para realizar la facturación fantasma, labor en la que reclutó a firmas como Idea Profesional Jurídico Administrativa SC, FFN Servicios Integrales del Centro S.A. de C.V. y Grupo Isolana S.A. de C.V. Al mismo tiempo, Álvarez Lacuma era el encargado de retornar los recursos a cuentas de banco a nombre de la pareja Rivera Castillejos, ubicadas en bancos Banorte-Ixe y Santander.
En los registros de facturación del Ayuntamiento de la capital queretana se observan también cuatro facturas presentadas directamente por el diputado federal Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, quien se desempeña igualmente como coordinador estatal de Campaña de Ricardo Anaya. Las facturas, por un monto acumulado de 620 mil pesos, amparan servicios y conceptos de capacitación y asesoría de los que no existe registro alguno de que hayan sido brindados en algún momento al personal municipal. La contundencia de los documentos y la abundancia de este tipo de casos son la razón por la que los queretanos habrían decidido dar finalmente la espalda a su coterráneo.
Otra del SAT. En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hay empleados que tienen los equipos de cómputo duplicados debido a una disputa entre dos de sus proveedores y por la opacidad con la que se ha conducido su Administración Central de Recursos Materiales.
En 2016, la Administración de Recursos Materiales “1” de la Administración Central de Recursos Materiales del SAT publicó la convocatoria a la licitación pública nacional reservada de la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica de Servicios número LA-006E4-2016, para que distintos proveedores de tecnología dotaran de computadoras al organismo que dirige Osvaldo Santín. La licitación fue otorgada en junio a la empresa MAINBIT S.A. DE C.V, de José Antonio Sánchez Pérez; sin embargo, en agosto de ese mismo año, el proveedor CENTRO DE PRODUCTIVIDAD AVANZADA S.A. de C.V. (CEPRA) promovió un recurso de inconformidad en el Órgano Interno de Control del SAT, situación que derivó en la anulación de la adjudicación del contrato a MAINBIT para concederla a la firma que dirige Joel Sánchez Vázquez.
