IMPULSO/María Elena Morera
En México hay un abismo que separa nuestra realidad de nuestros discursos políticos, de nuestras instituciones y de nuestras leyes. Cada vez este trípode, que debiera ser el de nuestra estabilidad, se asemeja más a eso que los psicólogos denominan “disonancia cognitiva”. No se refieren ni se conectan ni mucho menos atienden o resuelven los problemas reales en los que (sobre) vive la gente. Diversos ejemplos cotidianos dan cuenta de ello.
Una investigación periodística documentó el desvío de fondos públicos por más de 3 mil millones de pesos (dinero destinado a programas de desarrollo social), revelando el esquema de fraude, así como los nombres de las dependencias, empresas, funcionarios y universidades que participaron. Ante esto, el Sistema Nacional Anticorrupción ha permanecido incompleto y, para todo efecto práctico, pasmado, siendo uno de sus logros el haber nacido, en el papel…
Durante el tiempo que fue elaborada, discutida y aprobada una mala Ley General de Comunicación Social, que no resuelve el tema de la funesta simbiosis entre gobiernos y medios de comunicación, fueron asesinados cuatro periodistas. Carlos Domínguez fue apuñalado más de 20 veces en Tamaulipas; Leslie Ann Pamela Montenegro fue asesinada a balazos en Acapulco; Leobardo Vázquez fue asesinado en su casa, en Veracruz, y Juan Carlos Huerta fue asesinado por un grupo armado saliendo de su casa, en Tabasco.
Mientras los candidatos a la Presidencia discutían en diversos foros la reforma educativa, en Parral, Chihuahua, diversas escuelas, desde preescolar hasta nivel superior, suspendieron clases por un enfrentamiento que hubo entre grupos criminales. Habría que contar los casos de Sinaloa y Guerrero, donde también suspendieron clases durante los primeros meses del año por la violencia y los bloqueos.
Uno de los temas del primer debate presidencial fue “seguridad pública y violencia”. Mientras los candidatos trastabillaban sobre nuevas leyes e instituciones, ni una mención tuvieron para los policías asesinados. Un día antes del debate fueron asesinados seis en Guerrero, caso de especial relevancia, ya que un sicario subió un video burlándose de los cadáveres. En lo que va del año, han asesinado ya a más de 160 policías en el país.
Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenaba la suspensión de distintos spots por la aparición de candidatos federales en espacios asignados a candidatos locales, el vocero del INE en Guerrero anunciaba que no habrá casillas en cuatro municipios del estado porque no tienen el número suficiente de personas para instalarlas debido a diversos desplazamientos forzados ocasionados por la disputa entre grupos criminales.
Durante diez años nos dijeron que se estaba construyendo un nuevo Sistema de Justicia Penal, y al final resultó que no se capacitó debidamente ni a Ministerios Públicos ni a policías. Después de infinidad de discursos y carretadas de dinero, cualquier ciudadano que se atreva a presentar una denuncia es testigo y víctima de un mal llamado sistema, que difícilmente puede ser más disfuncional y corrupto. Por eso la cifra negra de delitos no denunciados es superior a 90%. Pero ahí no termina el agravio: sólo se inician investigaciones en 65% de los casos y, en casi la mitad de éstos, las investigaciones no concluyen.
Por todo lo anterior, debemos recuperar nuestra capacidad de indignación ante el cinismo de una clase política que pretende que ignoremos su indolencia, su ineficacia y su corrupción. Y que ahora, además, como son tiempos de campaña y de confeti, nos quiere vender promesas impagables, incumplibles y algunas de plano absurdas. Si de algo ha de servir la sociedad civil organizada es para quitarle la máscara a esta grotesca simulación, ver de frente nuestra realidad y unir fuerzas para remontar la terrible cuesta que tenemos por delante. Hoy más que nunca. (Colaboró: David Blanc Murguía, investigador de Causa en Común.) Twitter: @MaElenaMorera
