IMPULSO/Juan Francisco Torres Landa R.
No hay plazo que no se cumpla. Lo venimos diciendo hace tiempo y ya llegó el momento. La bonanza económica que la política de prohibición de drogas ha generado para la delincuencia organizada no solamente significa que han proliferado en su cobertura geográfica; que han multiplicado sus áreas de ilicitud (secuestro, extorsión, tráfico de personas, robo de combustibles, de trenes, de camiones, de maquinaria pesada, corrupción, entre otros); y que, en general, han debilitado a las autoridades policiales, a las de procuración de justicia, etc.
Pero no. Ahí no se quedaron. Ahora están en la siguiente fase que implica la penetración institucional a base de manipulación en el terreno electoral. Con lujo de violencia y obviedad estamos viendo cómo desde septiembre de 2017, y a la fecha, van al menos 112 candidatos a elección popular que han sido privados de la vida y más de mil que han renunciado a sus candidaturas (casi un tercio si tomamos en cuenta que son poco más de 3,400 los puestos totales en juego en la elección).
En ese sentido, estamos presenciando una escena dantesca en la que, la libertad democrática se está desvaneciendo como un hielo puesto a plena luz del sol en el desierto. Parece que nuestra capacidad de simulación, negación y pasividad en cuanto a la escalada de violencia está siendo ahora sujeta a la prueba de fuego. Una cosa es que se corrompa a las autoridades, y otra muy distinta que, abiertamente, se promueva la penetración de las instituciones con la nominación de personas a modo que no se dedicarán a otra cosa que servir a los intereses de la delincuencia.
No exageramos un ápice al decir que estamos frente a la prueba más delicada respecto a lo que la estabilidad de nuestra frágil y evolutiva democracia se refiere. El siquiera imaginar que podamos tener múltiples autoridades electas en municipios, diputaciones y otros cargos cuyas personas ya no sirvan sino a intereses oscuros, podría marcar el inicio del deterioro sistemático para que nuestro país se convierta en una gran masa de pseudo-servidores públicos con una agenda oculta y manipulada por una ilicitud institucional.
Nos estamos acercando peligrosamente a un punto de no retorno –el tristemente famoso narco estado. Es la historia brutal de cómo llegar a la situación en que ya no tendríamos noción clara de dónde empieza y termina la delincuencia. Tendríamos una nación en la que prevalecería una creciente desconfianza respecto de las verdaderas motivaciones de nuestros gobernantes. La corrupción e impunidad que hoy nos tienen asfixiados parecerían juegos de niños en comparación con la sensación de que quienes toman decisiones lo están haciendo bajo el impulso de tener una pistola apuntándoles a la cabeza todo el tiempo.
Tenemos el tiempo contado para revertir esta situación. Pero los avances que se han dado a la fecha por parte de los amigos de lo ajeno son innegables y saltan a la vista. La crueldad y frialdad con la que se han cometido los últimos homicidios no hacen sino dejar claro que no existe el más mínimo respeto por la autoridad y/o por los procedimientos de investigación e impartición de justicia. Ya se perdió el más mínimo temor a lo que imposición de sanciones se refiere.
Estamos frente a una situación muy delicada y apremiante. De no actuar en forma inmediata con un escrutinio inmediato de quienes están siendo nominados candidatos podemos enfrentar un escenario en el que el daño sea enorme y posiblemente irreversible. Aquí no hay más que o entrarle o lamentarnos el resto de la vida. No podemos permanecer como meros espectadores, debemos ser exigentes implacables. Al gobierno en turno y las autoridades del INE les toca hacer la tarea con esmero, dedicación y contundencia. De lo contrario se convertirían, por omisión, en cómplices del ocaso de nuestra democracia y la vida institucional.
