IMPULSO/Agencia SUN/Tlalnepantla
Familias del Estado de México destinan 30% de sus ingresos mensuales para el pago del transporte público, uno de los más caros del país, a pesar de lo cual el servicio tiene severas deficiencias, sobre todo vehículos viejos y sin placas de circulación, sin seguro de vida y en malas condiciones mecánicas.
La diputada Yomali Mondragón Arredondo aseguró que una familia destina una tercera parte de sus ingresos para el pago del transporte público, cuya tarifa mínima es de 10 pesos y aumenta conforme el recorrido, por lo que habitantes de municipios alejados, como Zumpango, pagan más de 30 pesos por transportarse a la Ciudad de México.
La legisladora perredista dijo que en el Estado de México son los propios concesionarios los que imponen las tarifas, toda vez que en enero del 2017 varias líneas transportistas incrementaron arbitrariamente la tarifa mínima de 8 a 10 pesos, sin que el gobierno municipal evitara dicha situación, que oficializó en septiembre de ese año, unos días antes de que asumiera el cargo el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
“No hubo autoridad capaz de frenar dichos abusos, pese a que siguen circulando miles de unidades ‘piratas’, en mal estado”, afirmó.
Mencionó que al menos 20% de los delitos registrados en el Estado de México se cometen a bordo de unidades del transporte público, como el asesinato de pasajeros que se resisten a entregar sus pertenencias.
Mondragón Arredondo alertó también sobre los “vengadores anónimos”, lo que calicó de preocupante y pidió a los tres niveles de gobierno reforzar las medidas implementadas en materia de seguridad para inhibir los asaltos en el transporte público, “ya que el hartazgo e impunidad hacia los delincuentes conlleva a que las víctimas tomen justicia por propia mano”.
Más de 80% de las unidades del transporte público de la entidad prestan servicio de forma irregular, es decir, son “piratas”, las cuales operan sin cumplir con los requisitos exigidos para ello”, expresó la diputada local.
Consideró que el gobierno del Estado de México debe continuar con el reordenamiento del transporte público y no ceder a la presión de líderes transportistas de la entidad, que rechazan regularizar sus unidades.
