IMPULSO/Alejandro Encinas Rodríguez
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Tres años después de haberse puesto en marcha la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se ha iniciado por fin un debate serio en torno a la obra ícono de la administración de Peña Nieto, que representa un monumento a la corrupción y a una forma de gobierno que ha caracterizado, desde su origen, al grupo mexiquense que se ha apropiado del Gobierno federal: la política atada a los negocios y al poder.
Este debate dará visibilidad y pondrá en evidencia el enorme error en materia económica y de desarrollo sustentable para la región centro del país, ya que su construcción representa la pérdida del último vestigio del lago de Texcoco, en el corazón de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Es también un error económico de grandes proporciones, toda vez que su construcción implicará no sólo el cierre del actual aeropuerto Benito Juárez, al que se le invirtieron recientemente sumas millonarias en la construcción de la terminal 2 y del hangar presidencial, así como de la base militar de Santa Lucía, sino que además dará al traste con el sistema de aeropuertos integrado por los de Cuernavaca, Puebla, Querétaro y Toluca, hoy subutilizados, y tirará por la borda más de dos mil 500 millones de pesos que desembolsó el estado de Hidalgo para la adquisición de tierras y el proyecto base para la construcción del aeropuerto en Tizayuca.
A ello se suma la onerosa inversión requerida para la construcción de la primera etapa, la que originalmente se estimó en 169 mil millones de pesos, de los cuales 98 mil millones (58%) provendrían de recursos públicos y el resto de financiamiento privado. Sin embargo, la inversión registra a la fecha un sobrecosto de 50 mil millones de pesos, 29.6 por ciento más, rebasando los 220 mil millones de pesos, los cuales se utilizarán principalmente para evitar que las instalaciones se hundan o se inunden.
Para garantizar estos recursos, se modificó el esquema de inversión original, comprometiendo los recursos fiscales de la Tarifa de Uso de Aeropuerto Benito Juárez hasta el año 2047, así como los recursos futuros en la operación del aeropuerto, obligando a los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores a adquirir bonos de alto riesgo, conocidos como Fibra E, ello sin garantía alguna.
En términos de planeación, si se instala allí el aeropuerto, se presentará de nueva cuenta un proceso de alta concentración demográfica, lo que implicaría, de acuerdo a las proyecciones del CONAPO, que, para 2030, la zona metropolitana ronde los 30 millones de habitantes, con impactos negativos al ecosistema al incrementar la sobrecarga de la demanda de servicios ambientales, en particular, abasto de agua.
Los negocios trascienden los linderos del nuevo aeropuerto, en torno a éste se asocian otros megaproyectos promovidos por el Gobierno de Peña Nieto: el tren México-Toluca, la carretera Toluca-Naucalpan y otras 12 grandes obras viales que reconfigurarán la Región Centro, en especial un proceso de especulación que pretende establecer un proyecto inmobiliario que acabará con la expulsión de las comunidades originarias.
Podría abundar en los ejemplos de los impactos negativos de este proyecto, cuya cancelación no sería catastrófica. Las obras viales podían favorecer la movilidad urbana, la infraestructura hidráulica permitiría un mejor manejo de la cuenca, las cinco mil hectáreas devastadas podrían utilizarse en el rescate de la zona lacustre, retomando el proyecto de Nabor Carrillo y Gerardo Cruickshank, y el diseño de Foster y Romero se trasladaría a la nueva sede.
Sin embargo, el problema de fondo radica en la relación perversa entre la política y los negocios, así como el manejo patrimonialista de bienes públicos, cuya privatización ha sido la principal fuente de enriquecimiento de gobernantes y se ha convertido en un factor consustancial al funcionamiento del régimen político.
Lo mismo ha sucedido con la demolición de un edificio catalogado de lo que fue la Octava Delegación de Policía para construir un estacionamiento, que la privatización del módulo de RTP y la planta de transferencia de residuos sólidos en la delegación Álvaro Obregón. De enorme gravedad es la intención de privatizar la base militar de Santa Fe. Esto es, los bienes públicos se rematan en aras de la “modernidad”, a costa del equipamiento y la infraestructura urbana que requiere una ciudad sin reserva territorial o de los parques y jardines que demanda el interés público.
