Paola Félix Díaz
Hace unos días fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la denominada Ley Fintech, un paquete de reformas aprobado en las Cámaras del Congreso y propuesto por el Ejecutivo federal, donde destaca la nueva ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como diversas modificaciones a las leyes de carácter financiero.
La referida normatividad surge como respuesta a la revolución tecnológica que están viviendo los servicios financieros, en donde han cobrado relevancia las cryptomonedas, las instituciones de tecnología financiera (ITF´s), incluidas las de financiamiento colectivo, y las tarjetas virtuales como la PayPal, señaladas en la legislación como instituciones de fondos de pago electrónico.
El objeto de estas regulaciones, según sus autores, es otorgar certeza jurídica a los usuarios de servicios financieros; prevenir el “lavado” de dinero, el financiamiento al crimen organizado y fomentar nuevos servicios financieros a personas que antes no los tenían. Sin embargo, la Ley Fintech nació con debilidades que reproducen las del sistema jurídico, económico y político mexicano.
En este mismo espacio me pronuncié por la imperante necesidad de regular las cryptomonedas o monedas virtuales, toda vez que del mundo virtual al mundo ilegal en nuestro país hay sólo un paso. Señalé la urgencia de “regular el dinero digital de carácter informal, sobre el cual las autoridades financieras no pueden responder por algún quebranto, ya que no es una moneda oficial.
La entrada en vigor de la Ley Fintech tiene grandes debilidades, pues no responde a los retos regulatorios que la realidad exige, particularmente en los beneficios y protección para minimizar los riesgos de los usuarios, en el impulso de nuevas instituciones de tecnología financiera y en los mecanismos para evitar operaciones que permitan los delitos antes señalados.
Acostumbrados a gobernar y legislar a medias, una vez más el mal hábito de la procrastinación se hace presente y tanto el Ejecutivo como la mayoría en el Congreso retrasan lo realmente importante, asegurando que se establecerá en una regulación futura, razón por la cual las y los legisladores de Morena votamos en abstención.
Los grandes beneficiarios siguen siendo los bancos, el poder que concentran no se verá amenazado con las reformas, ya que no se abre una competencia real para ellos con las nuevas ITF´s, al contrario, se les posibilita participar en estos nuevos esquemas financieros, a pesar de que en nuestro país los créditos son muy caros, el acceso a la banca tradicional es escaso y los mecanismos regulatorios para evitar fraudes a los usuarios son casi inexistentes. Tal vez, no sean casuales las debilidades recaudatorias de la nueva Ley.
El poder bancario y crediticio en México está concentrado en unas cuantas manos, en tan solo cinco instituciones, que concentran casi 80% de los créditos, lo que en gran medida explica la desigualdad y el precario crecimiento del país.
La Ley Fintech puede parecer un buen primer paso, la primera piedra de una gran edificación financiera, pero lo cierto es que, debido a las omisiones en su articulado y a las del propio sistema, estamos ante un nuevo escenario de riesgos.
México necesita una reforma financiera integral, justa y democrática que permita a la ciudadanía beneficiarse de las instituciones bancarias y crediticias tradicionales o virtuales, que estimule el ahorro y la inversión, que no ahonde la desigualdad, que no se edifique sobre la impunidad y la corrupción. Una reforma que sólo será posible con un cambio de sistema que tenga en el centro a cada mexicana y mexicano.
Twitter: @LaraPaola1
