IMPULSO/ Miguel Á. García
Toluca
Pese a las campañas de difusión respecto a los delitos electorales que se presentan dentro de un proceso político, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) reconoce que hasta el 85 por ciento de las quejas que recibe son promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y 15 por ciento restante por los partidos políticos, es decir, ninguna proviene de un ciudadano común y corriente.
A decir de Lizbeth Pérez y Luis Roberto Castrillón, consultores externos de la dependencia, es urgente fomentar entre la ciudadanía la cultura de la denuncia electoral, pues no sólo los delitos han aumentado, sino las formas de los mismos, lo cual implica un ataque a la libre elección y la democracia.
Esta casi inexistente denuncia, reconocieron, también revela la falta de confianza en las instituciones, por lo que urge cambiar el actual esquema para que la población se involucre vía sus denuncias.
“Debemos estar contra las conductas que afectan, por comisión u omisión, las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible”, expresó Castrillón.
En este sentido, destacaron las principales conductas que pueden ser constitutivas de un delito electoral como la entrega de dinero con el interés de coaccionar el sufragio, el turismo electoral (que a últimas fechas sustituyó el embarazo de urnas), el voto con una credencial distinta, no vigente o alterada.
Dentro de las prácticas indebidas que más se repitan también se encuentra la obstaculización de la paquetería electoral, la retención de credenciales de elector el día de la jornada, el uso de recursos públicos para promover el voto en favor o en contra de algún candidato o partido.
