Lourdes Morales Canales
El pasado 30 de enero, el Instituto Nacional Electoral aprobó las plataformas electorales de los nueve partidos políticos nacionales que se disputarán un cargo en las próximas elecciones. Es de esperarse que, a partir del 30 de marzo, los candidatos sustituirán frases hechas y lugares comunes por contenidos que permitan al electorado conocer los diferentes planes y propuestas de gobierno con los que saldrán a convencer al electorado.
Uno de los temas obligados es el del combate a la corrupción. El tema que ocupa actualmente el segundo lugar en las preocupaciones de los mexicanos, según el INEGI, es abordado por las tres principales coaliciones electorales, sin embargo, la centralidad del tema y el detalle de las propuestas es diferenciado.
Lo primero que destaca es que si bien es cierto que en materia de combate a la corrupción no existe la bala de plata y que las recetas importadas suelen fracasar, también lo es que actualmente no se está empezando de cero. A lo largo de este sexenio se realizaron, no sin resistencias, diversas reformas que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción. La plataforma de la coalición “Todos por México” integrada por PRI-PVEM-Panal reconoce este antecedente. Su propuesta estructurada en cinco ejes y tres causas transversales (desarrollo sostenible, igualdad de género y apuesta por la juventud) retoma —en las líneas de acción referentes a seguridad pública y justicia eficiente— la profesionalización de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, el robustecimiento de los sistemas de inteligencia, la simplificación administrativa y el impulso a la política nacional anticorrupción. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la propuesta menciona poco sobre el diseño del modelo de justicia que el país requiere y propone simplificar las faltas de los funcionarios que ya están detalladas en la Ley General de Responsabilidades y en el Código Penal. Se señala la necesidad de “fortalecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos” como si no hubiera existido una reforma constitucional y como si no contara éste con autonomía constitucional. Por otro lado, menciona la relevancia del rediseño del sistema civil de carrera, una exigencia reiterada por parte de diversas organizaciones que hasta ahora ha sido relegada por el Ejecutivo.
La plataforma del “Proyecto Alternativo de Nación” integrada por Morena, PT y PES dedica dos apartados de dieciocho al tema de la corrupción. En el primero, menciona la necesidad de cumplir con la ley y reducir al mínimo el número de leyes que el Ejecutivo deba proponer al Legislativo para realizar sus acciones de gobierno. En el segundo, achaca a la sobre-regulación una buena parte de los problemas en compras públicas. La propuesta tiene la virtud de ser la única que menciona los pendientes en materia de reconstrucción por los sismos del año pasado. Sin embargo, no queda claro cómo se realizaría la asignación ni la vigilancia social de los recursos que ya han sido asignados.
La plataforma de la “Coalición por México al Frente” integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hace un diagnóstico más exhaustivo del país y dedica un amplio apartado a las propuestas de combate a la corrupción. A través de cinco ejes, considera que la desigualdad, la seguridad y la corrupción son los principales problemas que habrá de enfrentar la siguiente administración. Dentro de sus propuestas se detalla la necesidad de fortalecer el Servicio Civil de Carrera en los tres órdenes de gobierno y la definición de perfiles en el acceso a cargos públicos, la autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, la designación abierta y con la participación de la sociedad del Fiscal General de la República, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera en coordinación con el SAT para detectar y desarticular redes de corrupción, la eliminación del fuero y la “muerte civil” de funcionarios y empresas corruptas, entre otras cosas. También propone el cumplimiento de leyes existentes como: la de transparencia, contabilidad y archivos, así como la modificación de la ley general de contratos y obras públicas en sintonía con el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin duda estas son apenas las coordenadas que guiarán los debates sobre el tema. En la ruta que propongan los candidatos, estará la diferencia.
