María Elena Morera
El proceso de democratización en México ha costado sangre por diversas razones. Por una parte, las estructuras clientelares tradicionales, especialmente a nivel local, se han ido fracturando conforme la competencia política se ha recrudecido los últimos años. Esto ha alterado las antiguas formas de intermediación social y elevado los niveles de conflictividad en el país.
No sólo los maestros, empresarios, organizaciones civiles y medios de comunicación han incrementado su autonomía, sino también los actores de carácter violento.
La existencia de una mayor competencia política ha reconfigurado los antiguos “acomodos” entre sectores del poder político y los grupos del crimen organizado que, por si no fuera suficiente, no terminan de fragmentarse y volverse más violentos y depredadores desde que comenzó la lucha contra el narcotráfico desde hace ya más de una década. Los grupos delictivos han sabido medrar en un contexto de mayor “oferta” política, en el que la amenaza de la violencia les permite avanzar sus propios intereses.
De las estructuras municipales, las organizaciones delictivas requieren información, permisos, contratos y la “mano de obra” de policías frágiles y por ello útiles a la operación criminal. Por eso vemos incrementos en los secuestros y asesinatos, no sólo de autoridades estatales, sino también de alcaldes, ediles y candidatos a diversos puestos municipales.
En la próxima elección, se disputarán tres mil 406 cargos de gobierno y representación legislativa federal y local. En 30 entidades del país habrá elecciones locales, en nueve habrá elecciones para gobernador y se disputarán mil 596 ayuntamientos.
El contexto de violencia en el que tendrán lugar estas elecciones es brutal, con incrementos sostenidos en asesinatos, secuestros, extorsiones y robo con violencia. Durante 2017, 39 políticos locales fueron asesinados o secuestrados, entre alcaldes, aspirantes a alcaldes, ex alcaldes, y otros funcionarios municipales.
Tan sólo en enero pasado, al menos ocho políticos locales fueron asesinados. ¿Cuál sería el saldo de este nivel de violencia contra funcionarios locales? Evidentemente, muchos de ellos, por miedo y/o por corrupción, pondrán las facultades asociadas a sus cargos al servicio de estas redes criminales.
Es decir, las estructuras del Estado, no para combatir al crimen, sino cooptadas y amedrentadas por la delincuencia. Por ello, no es que corramos el riesgo, sino que ya estamos inmersos en un proceso de degradación institucional que nos puede hundir todavía más en la espiral de impunidad e indefensión en la que vivimos.
En una democracia de baja calidad como la nuestra, tan tramposa, demagógica y corrompida, la violencia que se experimenta en un proceso electoral no es un tema coyuntural, sino estructural. De hecho, estamos pasando de la adaptación de las bandas criminales a las instituciones, a un proceso de adaptación de las instituciones a los intereses y características del mundo criminal.
En este sentido, aun cuando no comparto la propuesta de amnistía de AMLO, resulta ridículo aseverar, como lo hizo Enrique Ochoa, que por esto ha aumentado el número de candidatos en riesgo. ¿Qué hacer? Lo hemos dicho de todas las formas y en todos los foros: urge rescatar a nuestras instituciones y, en materia de seguridad, no podemos perder más tiempo para rescatar a nuestras policías.
Si el principal tema que enfrentamos es la inseguridad, al centro de ésta debe colocarse a las policías. Por ello, los aspirantes presidenciales, a gobernadores y a alcaldes deben colocar a éstas en el centro de sus propuestas: cómo desarrollarlas, profesionalizarlas, dignificarlas y volverlas eficaces en su tarea de protegernos.
Si no le entramos al tema en serio, con propuestas y, sobre todo, con acciones, no nos sorprendamos de que continúe la matazón, y de que las elecciones se conviertan en las temporadas de reclutamiento para el crimen organizado. @MaElenaMorera
