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Europa
Vicepresidente del gobierno de Carles Puigdemont, Junqueras se encargó de los preparativos del referéndum inconstitucional del 1 de octubre, y también de la puesta en marcha de una administración fiscal independiente.
El ex vicepresidente independentista de Cataluña, Oriol Junqueras, compareció ante tres magistrados del Tribunal Supremo para pedir su puesta en libertad y ejercer sus “derechos políticos”, informó una fuente judicial.
La audiencia comenzó sobre las 10H45 y terminó alrededor de las 13H00 locales, según un portavoz del Supremo. En esas más de dos horas, la defensa recurrió la decisión del juez de instrucción del caso, Pablo Llarena, de mantenerlo en prisión preventiva.
La vista, a la que asistió Junqueras, encarcelado desde hace dos meses, se produjo después de las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña, en las que salió elegido diputado como cabeza de lista del segundo partido independentista catalán, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).
Días después de la proclamación de una “República Catalana”, votada por el parlamento regional el 27 de octubre, Junqueras, doctor en historia, de 48 años, fue inculpado de “rebelión” y “sedición” por participar en el proceso de secesión unilateral de Cataluña respecto a España.
El juez Llarena rechazó liberarlo a principios de diciembre, considerando que el riesgo de reiteración del delito era muy elevado.
El magistrado se basa en un documento encontrado en casa de su mano derecha, en un registro en el que define la estrategia del núcleo duro del independentismo para alcanzar su objetivo. El texto no está fechado ni firmado.
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, explicó haber alegado la ausencia del riesgo de “reiteración delictiva” y que nunca hubo delito de “rebelión”, dado que no fue un movimiento violento, uno de los requisitos para este tipo de figura penal.
Junqueras “defiende la vía del diálogo”, afirmó.
“Lo que ha dicho es que le dejen estar en libertad, que le dejen representar a la gente que le ha votado, que le dejen estar con su familia”, aseguró a la prensa tras la vista.
El día anterior, el abogado también defendió que fuera trasladado a una cárcel catalana para poder disponer de permisos de salida puntuales y asistir a los debates parlamentarios importantes.
El nuevo parlamento regional debe constituirse el 17 de enero, y el 31 de enero como muy tarde debe empezar el debate para investir al futuro presidente catalán.
La decisión del Supremo tiene consecuencias políticas: los independentistas se juegan la mayoría absoluta obtenida en el nuevo parlamento, con 70 escaños sobre 135.
Ocho de ellos no pueden acudir por ahora a la cámara porque cinco están fugados en Bélgica y otros tres en prisión.
Y los independentistas necesitan al menos a seis de ellos para conservar los 68 diputados que garantizan la mayoría, ya sea saliendo de la cárcel o cediendo sus escaños a otros compañeros.
La fiscalía defendió el mantenimiento en prisión de Junqueras, estimando, contrariamente a su abogado, que el riesgo de reiteración delictiva todavía era muy presente.
Y el abogado de la acusación civil, el partido de extrema derecha Vox, Javier Ortega, acusó a la defensa de querer convertir la audiencia en un “proceso político”, y de alegar cuestiones de orden “electoral” sin relación alguna con el derecho penal.
La decisión de los jueces debe conocerse en los próximos días. MVS
