Corresponsabilidad ciudadana, eje de la prevención del delito
IMPULSO/Carlos Guitián Berniser
La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia determina el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan, tomando como base los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad, interdisciplinariedad, diversidad y proximidad, así como transparencia y rendición de cuentas. Por consiguiente, es prioritario profundizar en los programas integrales de desarrollo social, cultural y económico, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano, así como la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión y el fomento de la solución pacífica de conflictos. De la misma forma, se debe promover una cultura de legalidad y tolerancia a través de programas para modificar las condiciones sociales de la comunidad y generar oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad.
La participación ciudadana y comunitaria en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia es un derecho de las personas, el cual se hace efectivo a través de la actuación de la gente en sus comunidades, redes vecinales, redes sociales, organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los Consejos de Participación Ciudadana, en el Centro Nacional o a través de cualquier otro mecanismo local o legal creado en virtud de sus necesidades.
Por otra parte, de forma complementaria, es necesario instrumentar acciones para la formación de capacidades locales institucionales en el diseño, planeación y producción de información, así como la formación de capacidades y competencias comunitarias en cultura ciudadana, cultura de legalidad, gestión de proyectos socio-productivos, programas de detección y prevención del maltrato infantil, violencia familiar y de género, violencia escolar y la recuperación y apropiación de espacios públicos para la convivencia, entre otros factores.
Desde luego, un factor central es precisamente la corresponsabilidad ciudadana en la materia. “Conscientes de que los ciudadanos son los que más conocen la situación, contexto, espacios y factores que contribuyen a la violencia y el delito en sus comunidades, la Comisión Intersecretarial considera la inclusión y empoderamiento ciudadano de manera co-participativa para que las acciones se orienten de forma adecuada, favoreciendo así la construcción de comunidades y municipios seguros y mejorando la calidad de vida y la cohesión social en los mismos” (CIPSVD, 2013: 32).
En ese escenario, un elemento clave que debe ser considerar con mayor profundidad el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) es que, para revertir el deterioro significativo que ha experimentado el tejido social de nuestro país, se requiere de una política de prevención social permanente, sistemática y sostenible, pero sometida a una evaluación profunda y permanente para poder hacer, en su caso, los ajustes correspondientes para integrar efectivamente una política integral de seguridad, coherente y articulada con una creciente participación y corresponsabilidad ciudadana en las acciones emprendidas. En síntesis, la participación y corresponsabilidad son fundamentales porque, sin la inclusión comunitaria, no tendrá el requerido impacto social en la contención y disminución de los factores de riesgo delictivos, simplemente porque es en el seno de la propia comunidad en donde se puede lograr tanto su identificación como su tratamiento.
