IMPULSO/Paola Félix Díaz
En la Cámara de Diputados se aprobaron diversas reformas en materia de violencia política por razones de género, las cuales, de ser avaladas en sus términos por la colegisladora, constituirá un gran avance para las mujeres.
Entre las principales modificaciones destacan que se definen y establecen con claridad en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las conductas consideradas como violencia política en razón del género; se integran y dan facultades al INE para formar parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se establece la obligación a todos los partidos políticos de garantizar a las mujeres militantes sus derechos político-electorales; y en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se ordena que cualquier acto de violencia política contra las mujeres será considerado como un agravante de delito electoral.
En suma, las reformas constituyen de acuerdo con la doctrina jurídica, el impulso de normas taxativas y plus quam perfectae, es decir, normas necesarias que obligan siempre a sus destinatarios, y que, en caso de no ser acatadas, prevén cuando así corresponda, la nulidad de los actos, y lo más importante, establecen sanciones.
Las reformas propuestas, responden a una realidad compleja que vivimos las mujeres que participamos en política, la cual se ha hecho más evidente, a partir de la reforma que entró en vigor en 2015, la cual establece la paridad en la postulación de candidaturas.
Como acertadamente señalan diversos funcionarios del INE y académicos de la UNAM, la participación política de las mujeres ha aumentado, sin embargo, a la par, también la violencia política de género se incrementó.
La cultura patriarcal, la discriminación, la exclusión y las diversas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres en la vida política, ya sea en los partidos, en la administración pública, en la vida legislativa, etcétera, constituye un importante freno a la paridad e igualdad sustantiva, y desde luego, una flagrante violación a los derechos civiles, políticos y electorales de las mujeres.
La violencia que tiene lugar en el entorno político, presenta diferentes formas, por ejemplo, puede ser velada y da lugar al fenómeno conocido como “techo de cristal”, o bien, ser más explícita como la sexual, verbal, emocional y física, entre otras.
Desafortunadamente, yo he vivido en carne propia violencia política por el hecho de ser mujer, he sido objeto de amenazas, difamaciones e intimidaciones para inhibir mi participación y “echarme” del espacio público. Cuando me refiero al espacio público no es sólo al contexto político, sino también a la calle, ya que intentaron frenar mis aspiraciones y liderazgo en la demarcación en la que siempre he trabajado y donde están los electores que me eligieron.
En nuestros días, aún a muchos hombres les amenaza e insulta el poder, el talento y las capacidades de las mujeres. De ahí la importancia de impulsar una nueva cultura de respeto e igualdad entre mujeres y hombres.
Estoy convencida de que la violencia política por razones de género socava la dignidad y los derechos de las mujeres, vulnera la democracia, frena el desarrollo y condena a toda la sociedad al fracaso. @LaraPaola1
