IMPULSO/ José Cárdenas
El mundo está equivocado, es el claro mensaje de diputados y senadores al aprobar la controvertida Ley de Seguridad Interior. Los llamados de la ONU, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CNDH, organismos civiles, activistas y empresarios han caído en el hoyo negro de la simulación. Mitad por soberbia, mitad por presión, los legisladores del PRI, acompañados por el Partido Verde, el panismo rebelde y otros aliados, orquestaron una puesta en escena para taparle el ojo al macho, aunque abrieron foros para que los inconformes desahogaran sus quejas.
Cubierto el engorroso trámite, las críticas fueron a dar a la basura, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados con doce cambios a nueve artículos, por ejemplo, se elimina la disposición que permitía al Ejército disolver manifestaciones y protestas sociales. Sin embargo, los detractores de la iniciativa consideran que en todos los casos se trata de modificaciones cosméticas no sustantivas y que los problemas de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y diseño deficiente, señalados por académicos y colectivos sociales, no quedan resueltos. “Es un acto de cinismo legislativo”, acusa María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
Los senadores perredistas, Luis Sánchez (líder de la bancada amarilla) y Angélica de la Peña (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos) denuncian que la nueva ley es violatoria de los derechos humanos y los tratados internacionales. La aplanadora legislativa enfrentó resistencias inéditas. Pocas veces se ha visto un consenso crítico de tal magnitud, aun así, la susodicha ley avanzó con todo y la ambigüedad, la discrecionalidad, la opacidad y el peligro que representa otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para ordenar una prórroga indefinida a la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales y para definir qué es la seguridad interior cuando está amenazada y cuáles son las recetas para garantizar la paz sin ofrecer rendición de cuentas.
Del lado opuesto al rechazo social está la presión de las propias Fuerzas Armadas, urgidas de un marco normativo que proteja su acción en tareas que nada tienen que ver con su misión constitucional y que las han sometido a una década de desgaste. Quienes hablan del peligro de militarizar al país se equivocan, México se militarizó desde el momento en que Felipe Calderón decidió rescatar Michoacán, su Estado natal, al ordenar el despliegue federal ante el avance de las bandas criminales. De paso, Calderón mostró el camino para eludir responsabilidades a gobernadores comodinos, corruptos e incapaces. Les enseñó que depurar policías y mejorar instituciones es un sinsentido cuando la Federación está dispuesta a acudir una y otra vez a su rescate.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto no pudo desmantelar aquel acuerdo perverso. Hasta octubre pasado, el Gobierno actual acumula 114 mil cadáveres, casi 24 mil en lo que va de 2017, sin duda, el año más violento de la historia. El gran problema de la Ley de Seguridad Interior es que normaliza una anomalía, no garantiza el regreso de las tropas a los cuarteles. Avala la posibilidad de instalar un Estado de excepción que aplaste los derechos ciudadanos en pro de la seguridad y la protección a las Fuerzas Armadas. La vaguedad de la legislación no es anecdótica, abre la puerta a la manipulación y al exceso, no se puede contar con la buena voluntad de ningún político; la tentación de usar la mano dura a discreción siempre estará presente en un país que ha empleado las instituciones de seguridad y de justicia con fines políticos.
Es falso que, como dice Emilio Gamboa, primero se debía aprobar y luego modificar; todos sabemos que, en tiempos electorales revueltos, eso no va a suceder. La Ley de Seguridad Interior nace manchada por falta de legitimidad, golpea la devaluada imagen de la clase política y podría afectar aún más el prestigio de las Fuerzas Armadas.En la forma y en el fondo se critica por ser una ley indebida para una estrategia fallida.
EL MONJE SABIO: “Las leyes son como con las salchichas, es mejor no ver ni saber cómo se hacen”, dijo el estadista y político Otto von Bismark, artífice de la unicación alemana.
