El costo de la corrupción en México
IMPULSO/Carlos GuitiánBerniser
México se ubica en la posición 123 de 176 países analizados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, al alcanzar 30 puntos de medición en una escala en la que cero es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 es para bajos niveles; dicho de otra forma, nuestro país está reprobado con una calificación de 3, lo cual pone de manifiesto que, a los ojos de la aldea global, la corrupción se ha convertido en un considerable obstáculo para el desarrollo, en la medida de su incidencia directa en el desempeño de la economía nacional.
En ese contexto, cobra particular dimensión el estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014”, elaborado por la CNDH en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mientras que en el 2014 y 2015 México había obtenido 35 de 100 puntos posibles en el índice de percepción de la corrupción, ocupando el lugar 95 de 176 en el 2015, en el 2016obtuvo 30 puntos, cayendo a la posición 123 de 176 países analizados. Lo más grave es que esto sucedió justo en los años en que se estaba discutiendo y concretando el Sistema Nacional Anticorrupción.
En el análisis, los investigadores Daniel Vázquez (coordinador) y Luz Cardona de FLACSO-México y Horacio Ortiz del Colegio de México, explican que este fenómeno precariza el cumplimiento de la ley y la exigibilidad de los derechos fundamentales, al tiempo que debilita a todos los niveles, actividades y áreas de las funciones públicas, por tal razón, convocan a las autoridades de todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil a unir fuerzas para erradicar totalmente las prácticas de corrupción, ya que éstas afectan la calidad de vida de la población al generar injusticia, pobreza, exclusión y desigualdad. El combate a ese fenómeno, concluyen, debe acompañarse de un ejercicio y asignación transparente de los recursos públicos con un enfoque de derechos humanos en el que se priorice la atención a grupos vulnerables y se implementen acciones que fortalezcan de manera progresiva los derechos y el acceso a oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.
Lo anterior es urgente, aunque los datos que hoy existen aún no permitan construir diagnósticos sólidos, así como desarrollar políticas públicas contra ese fenómeno que debilita a las instituciones democráticas, una de las principales causas de la impunidad.
El estudio es sobresaliente por el exorbitante costo de la corrupción, el cual permite situar en su dimensión real la magnitud del fenómeno, situación que significó un descenso de 28 posiciones en el periodo 2014-2016. La corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos al año, lo que significa un nueve por ciento del Producto Interno Bruto.
Por ende, cobra particular relevancia el hecho de que en México nos encontramos en una importante coyuntura para mejorar las capacidades estatales en la lucha contra la corrupción, ello a partir del marco de derechos humanos creado en la reforma constitucional del 2011 y la instalación en abril del 2017 del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual fortalece dos elementos en esta política pública: desarrollar una mayor coordinación interinstitucional y una mayor participación ciudadana.
El Sistema, cabe precisar, tiene por objeto fortalecer la acción estatal en materia de prevención y lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es prioritario que el Senado de la República deje de postergar políticamente el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción, para poner en marcha el sistema que tanto tiempo y esfuerzo sigue costando instrumentar.
