IMPULSO/ Santiago Corcuera
Vigilancia internacional, reconocer la enfermedad
Este año, México ha sido objeto de revisiones de la situación de los Derechos Humanos en el territorio nacional por parte de varias instancias internacionales.
La primera fue en febrero, cuando una delegación gubernamental de alto nivel compareció ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Después de un diálogo constructivo y respetuoso, el Comité emitió sus observaciones finales. Una de ellas afirma que en México existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del país, muchas de las cuales podrían alcanzar la categoría de desapariciones forzadas. El Gobierno de México descalificó tal afirmación diciendo que no, que en México la realidad no es como la pinta el Comité.
En abril, el relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, hizo público su informe tras la visita que realizó en nuestro país el año anterior. En él se afirma que la tortura es una práctica generalizada. El Gobierno reaccionó de manera muy violenta descalificando tal aseveración en un tono poco diplomático, agresivo e incluso insultante. Ante tal situación, el relator escribió una carta dirigida al Gobierno, diciéndole que lo que tenía que hacer, en lugar de enojarse con el mensajero y quererlo matar a tiros, era aceptar la dimensión del problema para poder mejorar la situación.
Luego, el Grupo Interdisciplinario de Expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el caso de los 43 normalistas desaparecidos y de los seis estudiantes ejecutados el 26 de septiembre de 2014, emitió su informe de labores el mes pasado, en el que pusieron en tela de juicio cuestiones fundamentales de las conclusiones a las que arribó la PGR, entre ellas, que era imposible que los 43 cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en la forma en la que la PGR afirmaba que lo habían sido. La reacción del Gobierno, por fortuna, fue mucho más positiva, educada. El propio Presidente de la República expresó que las conclusiones del grupo interdisciplinario se tomarían en cuenta y se analizarían cuidadosamente.
Más adelante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó en pleno una breve visita in-loco a nuestro país. Al concluir la visita el dos de octubre, su Presidenta, en conferencia de medios, dio lectura a su informe preliminar. La Comisión respaldó las conclusiones tanto del Comité contra las Desapariciones Forzadas como del Relator contra la tortura y recomendó que se siguieran las recomendaciones del grupo interdisciplinario. En esta ocasión, aunque no de manera grosera, el Gobierno nuevamente descalificó el informe, diciendo que la Comisión no había tomado en cuenta la información proporcionada por el Gobierno y que, por lo tanto, el informe preliminar no era un reflejo de la realidad mexicana.
