IMPULSO/Reportaje especial
Toluca
- Aumenta la crueldad y el número de delitos violentos contra las mujeres en la entidad mexiquense, denuncia el Observatorio Nacional de Feminicidios.
En el Estado de México, la violencia contra las mujeres es mucho más grave de lo que llegan a mostrar las cifras oficiales, el creciente número de casos y la cada vez mayor crueldad con la que se cometen los ataques revela la impunidad cotidiana que permite a los autores de estos crímenes seguir sin que nada los intimide.
Con base en estadísticas del Observatorio Nacional de Feminicidios, el Estado de México es la entidad que ocupa el primer lugar nacional en muertes de mujeres por homicidio doloso y por feminicidio.
Desapariciones, violaciones, asesinatos y todo tipo de actos violentos contra las mujeres se cometen todos los días en la entidad sin que las instituciones especializadas, los organismos y autoridades de todos los niveles logren detenerlas. Las víctimas y sus familias acusan la indiferencia, desinterés e incluso tolerancia por parte de la autoridad.
Según la última encuesta del INEGI publicada en 2017, un aproximado de dos millones de mujeres fueron sometidas en 2015 y 2016 a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, desde señalamientos obscenos hasta que las persiguieran por la calle para intimidarlas sexualmente, que recibieran propuestas de tipo sexual, que fueran tocadas sin su consentimiento o que fueran víctima de violación.
Las cifras sobre ataques, feminicidios u homicidios de mujeres varían entre lo reportado por la Fiscalía General de Justicia de la entidad y el monitoreo que llevan las organizaciones civiles que defienden este sector, las cuales consideran que se trata de una “espiral en ascenso”, no sólo en cuanto a los ataques, sino en la crueldad que ejercida contra las víctimas.
Aunado a lo anterior, los familiares reclaman que pocas veces son informados por parte de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) sobre los avances en sus investigaciones y acusan a policías estatales y municipales de ser indolentes hasta para reportar la ausencia de una mujer, además de la indiferencia de los Ministerios Públicos, que se niegan a establecer denuncias por desaparición, Alerta Amber u Odisea, según sea el caso.
En lo que va del año, hay asesinatos que siguen sin solución, incluso casos en los que se acusa a jueces del Tribunal Superior de Justicia de cometer irregularidades en el proceso. Hay casos como el de la doctora Jessica Sevilla, desaparecida en Xonacatlán y localizada dos días después en Huixquilucan con el cuerpo desollado; el de Verónica Benítez, lapidada por su esposo en julio pasado en la comunidad de El Vidrio (Municipio de Nicolás Romero), caso en el que la familia de la víctima demanda irregularidades en el proceso penal; el de Maribel González Bernal, estudiante de 18 años de edad, desaparecida en Tenancingo al abordar un taxi colectivo, hallada dos días después sin ojos y desfigurada; o los señalamientos de la familia de Fátima (niña de 12 años asesinada en Santa María Zolotepec, Lerma) sobre los vicios en el proceso judicial, mismo que podría dejar libre a uno de los tres imputados de este feminicidio.
Cifras dispares de feminicidio y violaciones entre organizaciones y la Fiscalía
Ana Yeli Pérez, representante del Observatorio Nacional de Feminicidio, indicó que la prevención y erradicación de la violencia de género es un pendiente histórico en la entidad; por su parte, Yenifar Gómez Madrid, integrante del Observatorio Ciudadano Mexiquense del Feminicidio, señaló como principales responsables del problema a los ayuntamientos y Ministerios Públicos, entre otras autoridades encargadas de atender a las mujeres agredidas. “Nosotras tenemos un registro de 236 feminicidios tan sólo del 2016, pero la Fiscalía refiere que las cifras de homicidios dolosos de mujeres, así como de feminicidios, se han “mantenido” con respecto al mismo periodo del 2015, incluso en el 2017 son todavía menores sus registros, aseguran que suman apenas 45 entre enero y septiembre del presente año”, reclama Yenifar Gómez Madrid.
Cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México citadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio muestran que, entre enero de 2015 y diciembre de 2016, 626 mujeres fueron asesinadas, pero sólo 296 (menos de la mitad) generaron casos “investigados” como feminicidios, es decir, no siguieron el protocolo de investigación a partir de la perspectiva de género.
Incluso Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM, aseguró en marzo del presente año que la entidad reportaba 45 asesinatos dolosos de mujeres, 10 de ellos considerados feminicidio. En el 2016 registraron 64 feminicidios, 29 de ellos judicializados y con dos sentencias condenatorias con más de 40 años de prisión para los responsables. Dijo que del 2011 a la fecha suman 314 carpetas por el tipo penal de feminicidio en la entidad, de las cuales 282 fueron judicializadas, es decir, que el Ministerio Público obtuvo los datos necesarios para exponer a un juez que se trata de este delito, con 85 sentencias condenatorias por más de 40 años de prisión a los responsables.
El INEGI reporta que, en el 2016, la tasa bruta de homicidios de mujeres fue de 4.8 por cada 100 mil, similar a las registradas entre 2012 y 2015. En términos absolutos, se registró el año pasado la séptima mayor cantidad de mujeres asesinadas en la entidad en los últimos 27 años, 421 víctimas, lo que, comparado con 2015, cuando fueron reportadas 406, implica un incremento del 3.7%.
Del total de muertes de mujeres por homicidio ocurridas en 2016, el 43.7% corresponde a mujeres menores de 30 años, mientras que entre hombres, de las mismas edades, es de 37.5%, en otras palabras, las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia extrema.
Víctimas de feminicidio sin justicia
Familiares de las víctimas de feminicidio coinciden en que los Ministerios Públicos, policías estatales y municipales, además de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la entidad son los responsables de condenas injustas para los imputados. Alegan que dichas instituciones promueven la liberación de los responsables, pues, en el descargo de pruebas, el personal de la Fiscalía comete errores u omisiones, además de revictimizar a las mujeres abusadas física y sexualmente, incluidos los familiares de las asesinadas, quienes son ignorados e incluso agredidos verbalmente por los representantes de la Fiscalía.
Yenifar Gómez Madrid, miembro del Observatorio Mexiquense del Feminicidio, relató que sólo cuatro de los presidentes municipales de las demarcaciones donde fue emitida la Alerta de Género conocen los pormenores y ejercen acciones de acuerdo al protocolo, la mayoría “desconoce por completo qué es y cómo funciona, incluso maquillan acciones necesarias como la instalación de luminarias o recuperación de espacios seguros, mienten sobre la capacitación de elementos policíacos o en la impartición de cursos y talleres con perspectiva de género”.
Ana Yeli Pérez, representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, agregó que, si bien hay algunos avances en la entidad a partir de la emisión de la alerta en el 2015, la normalización de la violencia, los ataques, agresiones y lesiones en contra de las mujeres, así como la falta de prevención, que corresponde a los ayuntamientos, da pie a que aumente la cifra de asesinatos.
“Es como un engaño absurdo, como el maquillar las cifras que involucran el asesinato de mujeres haciéndolas integrantes de células delictivas, es como decir, ‘no la asesinaron por ser mujer, sino por delincuente’, eso agrava las condiciones, es peor porque, en un caso íntimo, al menos se sabe quién lo hizo, pero en el caso de bandas criminales, la autoridad se enfrenta a grupos con poder y dinero”, agregó Ana Yeli Pérez.
Violencia y acoso en números
Con base en la última encuesta del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, tan sólo en Malinalco, se elevó en un 100% la violación durante el primer semestre del 2017; asimismo, el INEGI refiere que 75 de cada 100 mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un acto de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o laboral. Los agresores suelen ser la pareja, el esposo, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o incluso amigos y vecinos.
La información disponible revela que por lo menos cinco millones de mujeres han sido víctimas de actos violentos y discriminatorios alguna vez en su vida. El 53.3%, 3.6 millones, sufrió alguna de estas agresiones entre octubre del 2015 y octubre del 2016.
Con base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2016, hubo mil 603 violaciones, en el mismo periodo del 2017, bajó ligeramente a mil 480 casos, un siete por ciento menos.
El reporte indica que 53 de cada 100 mujeres fueron víctimas de algún acto violento, principalmente de tipo emocional, sexual o de discriminación en sus centros de trabajo.
Las mujeres se encuentran más expuestas a la violencia de pareja, particularmente aquellas con 35 a 39 y 50 a 54 años, pues ocho de cada 10 mujeres en esas edades han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.
Es particularmente relevante la violencia sexual que han enfrentado las mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, ya que seis de cada 10 han sido agredidas sexualmente. Incluso las niñas de 15 a 17 años sufren niveles altos de violencia sexual, emocional y física.
