Impunidad. Dos años de calvario por la muerte de 23 recién nacidos

IMPULSO/Agencia SUN
Sinaloa
En unos cuantos meses la muerte se llevó poco a poco a 23 bebés del Hospital Regional Número 1 de Culiacán. Los padres aún no saben si contó con la complicidad de las autoridades sanitarias, del propio hospital o de ambos. El comienzo fue el 1 de junio de 2015. Era casi mediodía cuando Mariana y su esposo Juan Rubén fueron citados en el área de Cuidados Intensivos. Ella iba emocionada porque vería a su bebé, quien había nacido 36 horas antes. Jesús Abel fue prematuro. A través del cristal pudieron observar al pequeñito, pero ya estaba muerto.
Mariana Medina Ruiz, trabajadora social de un campo agrícola en el municipio de Navolato, narra que tenía 29 semanas de embarazo cuando comenzó a sentirse mal; su madre y Juan Rubén la trasladaron al Hospital General de Subzona IMSS 4. Requería atención especializada y una ambulancia la llevó al Hospital Regional de Culiacán.
Urgía que le practicaran una cesárea, la anestesia fue general. Despertó pasadas las 21:00 horas y preguntó por el bebé. El médico le dijo que había pesado un kilo 400 gramos y medía 37 centímetros. Le indicó que estaba propenso a cualquier infección en los pulmones porque no se habían desarrollado aún. Tenía a su favor que respiraba por sí solo, había llorado y estaba sano.
Al siguiente día no le permitieron verlo, platica y recuerda la mala atención del lugar. A las parturientas no les daban batas limpias ni les cambiaron las sábanas, a pesar de que por razones naturales estaban manchadas de sangre. Llegó el lunes y, en silla de ruedas, jalada por su esposo se dirigieron al área de cuidados intensivos donde la pediatra les comenzó a hablar de que el bebé era muy pequeño para luego darles la noticia: ¡murió!
“El endeble cuerpo de mi bebé presentaba en ambos costados dos pequeñas cirugías, justificadas, en el certificado de defunción, número 019098945, en el que se asentó como causa de muerte choque séptico y sangrado pulmonar”, refiere y añade, “nunca nos informaron que sería sometido a operaciones, nadie nos pidió la autorización”.
Mariana no se ha vuelto a embarazar. El recuerdo de su pequeño Jesús Abel, a quien tuvo en brazos por escasos momentos, la lastima y angustia. Señala que “hay muchas interrogantes, nadie nos ha querido contestar, pero voy a seguir insistiendo, no me voy a rendir ni a doblar por el dolor, voy a seguir exigiendo justicia”, dice la mujer de 23 años.
Mariana Medina demandó penalmente al Hospital Regional 1 del IMSS el 29 de septiembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El 24 de septiembre de 2015, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el riesgo potencial de contaminación en el área de cuneros del hospital, tras la muertes de 10 neonatos en dos semanas.
David, la víctima que los unió
El 1 de septiembre se cumplieron dos años. Irasema dio a luz a un niño sietemesino. Pesó un kilo 740 gramos y lo llamó David. Tres días después lo sepultó. La doctora del Hospital Regional Número 1 de Culiacán explicó que el bebé tuvo cuatro infartos, y durante el último no pudieron rescatarlo. El certificado señala que la muerte fue por cuadro séptico.
Francisco Cortez Mora, padre de David, decidió que buscaría la verdad en la muerte de su segundo hijo y castigo para los responsables, al costo que fuera. Así comenzó por solicitar información al IMSS a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
La respuesta tardó, pero fue contundente; en algunos cuneros de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional del IMSS había bacterias. Además, Cortez Mora obtuvo de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios una copia que guarda con recelo, sobre los resultados de sus análisis del área de cuneros, en el que se confirmaron ocho casos de infecciones de bacteria Klebsiella, uno con C. coli.
“Las evidencias están a luz y validadas por organismos oficiales, lo que no se ve es voluntad de llevar a juicio a los responsables del hospital del IMSS)”, señala Francisco, quien se convirtió en una especie de líder de 12 matrimonios que no se rinden en busca de justicia y autorizaron en febrero de 2016 la exhumación de los restos de sus bebés para contribuir a trabajos forenses de la Procuraduría General de la República (PGR).
Cansado de peregrinar por dependencias, en recolección de datos y dictámenes para robustecer la investigación por la muerte de su hijo, dijo que no sólo está endeudado por los gastos de peritajes, sino decepcionado por la lentitud de la justicia.
Nos han dejado solos, incluso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “olvidó” su promesa de apoyarlos con los gastos de exhumación de sus hijos.
Francisco admitió que él, al igual que los otros padres, cuyos hijos recién nacidos murieron por negligencia en el área de cuneros, entre junio y septiembre de 2015, están desesperados, ya que requieren aportar un nuevo dictamen odontológico.
El estudio lo tiene que practicar un perito externo, calificado, lo que significa un nuevo gasto por familia de 40 mil pesos, puesto que es vital para robustecer las investigaciones en curso en la PGR.
Ni los ven ni los oyen
Teresa Guerra Ochoa, asesora jurídica y presidenta del Colectivo de Mujeres Sinaloense, explica que derivado de la defunción de 23 bebés en el hospital del Seguro Social a causa de negligencia, se tienen en curso dos demandas, una penal y otra administrativa.
Precisa que se busca el castigo por la vía penal de los responsables de la negligencia por la presencia de bacterias, en el área de nonatos, que provocó la defunción de recién nacidos, la mayoría de ellos en forma prematura.
En lo administrativo, se encausó una demanda contra el IMSS por el daño moral que produjo en los padres, cuyas repercusiones emocionales, físicas y económicas, son incalculables.
Guerra Ochoa admitió que este asunto camina con suma lentitud, por lo que se pugna ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita su dictamen, junto con el de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Gilberto Higuera Bernal, subprocurador general de la República, en febrero pasado reveló que 216 médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo del IMSS se encuentran sujetos a investigación por las defunciones de 23 recién nacidos.
Para Francisco, es inadmisible que a enfermeras, que tenían a su cargo hasta 100 nacidos, se les encontraron restos de heces fecales en las uñas.
Con coraje y dolor señala que está cansado, desgastado en lo físico, moral y económico, al grado de estar en riesgo de enfrentar un juicio de índole administrativo por el incumplimiento del pago del impuesto predial de su humilde vivienda.
Su pasión por la lectura y la música la abandonó a la muerte de su bebé, pero se mantiene firme su postura de no ceder a la conciliación; su exigencia es la justicia.
A su juicio, se observa la dilación del dictamen que ofreció emitir el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ismael Eslava Pérez, sobre las 23 defunciones de los recién nacidos.