IMPULSO/ Alejandro Encinas Rodríguez
Crisis constitucional
Nada tiene que festinar el Gobierno federal sobre el desistimiento de Santiago Nieto para objetar su remoción como titular de la FEPADE, ya que, si bien contiene por el momento un escándalo público que pretenden acallar, no resuelve de fondo el litigio que motivó a Enrique Peña Nieto a imponer la remoción arbitraria del fiscal; la investigación, Lava Jato, que el gobierno de Brasil realiza sobre los actos de corrupción y sobornos pagados por el consorcio Odebrecht y sus filiales a políticos y funcionarios gubernamentales para obtener contratos públicos en al menos once países de América Latina, cuyas líneas, en el caso de México, apuntan al financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2012.
La agenda sobre este asunto no se ha agotado pese al desistimiento del ahora ex fiscal para atender los delitos electorales, y a los desatinos de una mayoría parlamentaria poco común, que no hizo valer su fuerza, limitada por los acuerdos de una mayoría amparada en el diseño antidemocrático de los órganos de gobierno del Congreso de la Unión.
El PRI y sus aliados, lograron frenar que el Senado ejerciera por vez primera los instrumentos de control político y contrapeso, propios de una verdadera división de poderes, para rectificar una decisión del Ejecutivo federal, pero profundizaron la parálisis de la Cámara alta, que da signos de agotamiento al mantener irresueltos los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y de los magistrados anticorrupción y del Fiscal General de la República, a los que se suman ahora, el Procurador General de la República y el Fiscal para delitos electorales.
Falta aclarar si el actual encargado de despacho en la Procuraduría General de la República cumple con los requisitos para asumir esa función, toda vez que no cuenta con los diez años de ejercicio profesional que establece la ley, además de revisar si la facultad de remoción del Titular de Fepade está reservada, como lo establece la reforma constitucional de 2016, exclusivamente al Procurador, así como fundar y motivar las causas que motivaron dicha remoción. El encargado de despacho debe rendir cuentas al Senado, poder que designó al Fiscal, y no solo enviar un comunicado, degradando al Senado a una oficialía de partes.
Pese a todo, continúa abierto el problema real: la investigación sobre Odebrecht y la eventual transferencia de recursos ilícitos provenientes del exterior al financiamiento de la campaña electoral de 2012, lo que, en caso de acreditarse, pondría en evidencia la ilegalidad de la elección presidencial y la necesaria remoción del Presidente, creando una crisis constitucional sin precedente. Asunto que, cabe subrayar, si bien la autoridad judicial nacional no actuará, como ha sucedido en otros países contra los funcionarios involucrados, el proceso se dirimirá en los tribunales de Brasil.
