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IMPULSO/ Carlos Guitián
La deuda pública en un punto crítico

Un aspecto medular de la Ley de Ingresos para 2018, que contempla el mayor presupuesto de la historia de México, equivalente a cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, es el relativo a la estrategia de endeudamiento externo, que, según la SHCP, estará orientado a mejorar la eficiencia del portafolio gubernamental, buscando suavizar el perfil de vencimientos y adecuar las características del mismo a las condiciones de los mercados financieros, con especial énfasis en la posibilidad de realizar operaciones de manejo de pasivos dirigidas a mejorar el perfil de vencimientos o a reducir el costo financiero.
La realidad es que los ingresos totales del Gobierno federal y de sus organismos y empresas serán del orden de los cuatro billones 735 mil millones de pesos, de lo que se desprende que tenemos de entrada un déficit presupuestal del orden de los 500 mil millones, mismo que deberá ser solventado con deuda pública interna y externa, equivalente prácticamente al 10 por ciento del volumen de recursos presupuestado.
En ese sentido, Hacienda plantea que se seguirá de cerca la evolución de cada uno de los mercados con el fin de identificar oportunidades de financiamiento adecuadas para el Gobierno federal y que se utilizará el crédito externo de manera complementaria al crédito interno, dependiendo de las condiciones y oportunidades que se presenten en los mercados correspondientes. De igual forma, la dependencia precisa que la estrategia de endeudamiento externo para 2018 estará encaminada a ampliar y a diversificar la base de inversionistas del Gobierno, así como a desarrollar los bonos de referencia en los distintos mercados en los que se tiene presencia con el objeto de fortalecer la estructura del portafolio de deuda, propiciar un costo financiero de la deuda externa de mercado bajo y estable y reducir el riesgo de refinanciamiento en los próximos años.
No obstante, surgen las dudas sobre el manejo sólido de las finanzas públicas nacionales, pues, como resultado de las estrategias de deuda pública para 2018 contempladas en la Ley de Ingresos de la Federación, se estima un incremento en la deuda pública que alcanzará 47.1% del PIB anual, la deuda interna representaría 31.9 por ciento y la deuda externa 15.1 por ciento del PIB. Por su parte, la deuda pública neta del Gobierno, se estima, será de 34.6 por ciento del PIB, donde la deuda interna significaría 27.5 puntos porcentuales y la deuda externa 7.1 puntos porcentuales del PIB.
De particular importancia es que se autoriza al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, ello en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 470 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales.
Al interior de este panorama, es preciso señalar que el costo financiero de la deuda pública para 2018 será de unos 479 mil millones de pesos, en una dinámica en donde, al pago de intereses de la deuda, debe sumarse que el Gobierno Federal destinará otros 703.3 millones por pago de comisiones para el manejo de la deuda, nueve mil 187.7 millones por concepto de gastos de la deuda y 108 millones de pesos por coberturas.
Dicho de otra forma, el Gobierno va a contratar deuda por 460 mil millones de pesos y va a pagar por concepto de intereses 479 mil millones, esto es, cerca del 10 por ciento del mayor presupuesto de la historia. Ante esta panorámica, queda preguntarse si efectivamente la estrategia de endeudamiento externo estará orientada a mejorar la eficiencia del portafolio gubernamental, buscando suavizar el perfil de vencimientos y adecuar las características del mismo a las condiciones de los mercados financieros o si es una manifestación más de la reproducción de la dependencia, pero en escala ampliada.

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