IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Han pasado más de 120 horas desde que el encargado de la PGR, Arturo Elías Beltrán, lo destituyó del cargo. Santiago Nieto Castillo, ex fiscal electoral, tiene un día saturado de entrevistas con la prensa y reuniones para analizar su defensa jurídica, pero de algo está seguro: no fue presionado por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.
Niega que vaya a emprender represalias contra senadores que voten en contra de él, si el voto a final de cuentas en el Senado es abierto y público, y sólo aplicará la ley.
En el centro de la polémica, dice que si la Cámara Alta ratifica su salida, analizará con sus abogados impugnar ante otra instancia jurídica.
Hace un llamado a la institución para desahogar cuanto antes el proceso para ver si se mantiene en el cargo. De lo contrario, dice, sin titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se afectarán los comicios de 2018, los cuales no tendrán condiciones positivas de confianza.
“El hecho de que no se encuentre en este momento una de las cabezas integradas, por supuesto que afecta al desarrollo del proceso y por eso es indispensable que haya un pronunciamiento en ese sentido“, dice.
Argumenta que Elías Beltrán cometió al menos cuatro irregularidades al cesarlo. Niega haber violado algún código de conducta y ética.
Hay muchas versiones en este caso. ¿Usted mintió al dar estas versiones y luego decir que no?
—Lo que hice fue dar una entrevista a un reportero, ese informador cambió algunos de los contenidos y fue lo que hoy se hizo público en los medios. A mí me gustaría que viéramos el tema en un contexto mucho más amplio: primero, revisar que en este momento no tenemos fiscal General de la República, no se ha hecho la transición; no hay fiscal anticorrupción y difícilmente se puede modificar y hacer una designación, y en este momento está el debate sobre la Fiscalía Electoral.
Bajo ninguna circunstancia nos conviene como país que estemos en el escenario que se nos está presentando de cara sobre todo al inicio de las precampañas de 2018.
Sin fiscal electoral y con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿los comicios están en riesgo?
—Creo que se complica el escenario y se establecen condiciones no precisamente positivas en el ámbito de la generación de la confianza institucional. Por el contrario, lo que necesitamos hacer es mandar un mensaje de que todas y todos los actores políticos institucionales estamos trabajando de forma coordinada para poder blindar el proceso electoral de 2018.
La ausencia de un fiscal electoral que pueda coordinar las acciones del resto de las fiscalías electorales locales, que por la misma ausencia no pueda ejercer las facultades constitucionales y legales de forma integral, disminuye la calidad del proceso, y creo que el tema central (…) es preguntarnos ¿qué tipo de proceso queremos y qué tipo de fiscalía queremos? Para efecto de poder enfrentar 2018.
¿Lo presionó o no Lozoya para inclinar la balanza a su favor, para exonerarlo?
—A ver, yo creo que lo que hay que decir en este punto, como he mencionado, es que yo en ningún momento he señalado que haya recibido una presión; lo que sí puedo decir es que hay un contexto de exigencia distinto, pero eso es propio de los ejercicios en una sociedad democrática donde se le exige más a la autoridad ministerial como pudiera ser este o cualquier otro de los casos, pero yo planteo dos cosas:
Uno, no hay presión si uno no se deja presionar. Dos, es importante mencionar que la fiscalía es lo suficientemente sólida para enfrentar cualquier tipo de casos y de problemáticas que se le presenten, y tres, ¿qué tipo de fiscal sería un fiscal que se deja presionar por un escrito que hace algunas referencias de carácter genealógico? No, la respuesta es no.
Su caso tiene detenida la Ley de Ingresos, el Senado en sus actividades está detenido. ¿Qué opinión le merece esta situación?
—Yo lo que hago es un llamado a lo importante, que es que en este momento el Senado se pronuncie respecto a este caso en específico que tiene una enorme trascendencia para el proceso electoral de 2018; no lo olvidemos y no lo minimicemos. No se trata de un nombramiento, se trata de parte del trípode electoral mexicano y que en todo caso el Senado resuelva en el sentido que quiera.
¿Comparte esta hipótesis de que si usted se queda en la fiscalía el que sale perdiendo es el PRI-gobierno rumbo a la elección?
—En una democracia todos ganan, ese es el objetivo central de cualquier modelo democrático. El que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo. Por ello, yo no lo pondría en el plano de perdedores y ganadores, lo pondría en el plano del ejercicio de un derecho de corte fundamental, del ejercicio de un proceso de corte constitucional y de la resolución que tiene que hacer el Senado de la República.
Si lo destituyen, ¿usted iría por la vía jurídica para impugnar la decisión ante órganos jurisdiccionales superiores?
—Esta es una vía jurídica del más alto nivel, es una vía jurídica de corte constitucional, porque se encuentra regulada en el artículo 18 transitorio del decreto de reformas a la Constitución de febrero de 2014.
¿No iría ante otra instancia?
—Yo valoraría con mi cuerpo de abogados, pero creo que el punto central en este momento es que haya un pronunciamiento del Senado.
¿Garantiza que no habría persecución desde la Fepade contra quienes voten contra usted, si el voto es abierto?
—Evidentemente, evidentemente. Mi función siempre ha sido trabajar con absoluta imparcialidad, sin filias y sin fobias.
Entonces, ¿está garantizado que no habría persecución?
—Evidentemente no, he sido un funcionario electoral por una muy buena etapa de mi vida, formado en el ejercicio de la función electoral con imparcialidad, y a eso me debo con independencia de cualquier otro tipo de consideración.
Lo ven como el fiscal carnal del Frente Opositor, o sea, del PRD, PAN, PT, Morena… ¿Es así?
—Absolutamente no. Soy una persona que trabajo de forma imparcial.
¿Le haría un llamado al Ejecutivo a que haya mesura en las bancadas que lo representan a transitar esto y que el agua vuelva a su cauce y que usted siga siendo fiscal electoral?
—Yo lo que he manifestado es un llamado a todas las fuerzas políticas a que busquemos la unidad a partir de lo que establece la Constitución.
¿Pasará a la historia como un fiscal electoral incómodo?
—Yo soy incómodo solamente con las personas que violan la ley.
¿A quién acusa de este golpe? ¿Quién es el remitente, el PRI-gobierno, sus enemigos políticos?
—Yo creo que hay que partir de una premisa: el fiscal electoral o el fiscal anticorrupción son fiscales que están generados no para hacer amigos. Un fiscal electoral no puede hacer amigos, necesita, por el contrario, mandar mensajes de fortaleza institucional y mandar mensajes claros de solidez en sus líneas, enfrentándose en contra de cualquier persona, y ese es el mensaje central.
