IMPULSO/ Salvador García Soto
Cervantes, sin pena ni gloria, ¿hay negociación?
Los motivos que llevaron a la renuncia de Raúl Cervantes Andrade como procurador general de la República están claros: se desgastó prácticamente desde su llegada al cargo, hace un año, cuando, después de haber sido nombrado por abrumadora “unanimidad” en el Senado, los acuerdos que hicieron posible su nombramiento, con miras a convertirlo en el primer titular de la nueva Fiscalía General de la República, se toparon con un rechazo abierto y contundente de la sociedad civil que, al verlo como el artífice de un “plan de impunidad transexenal” para el presidente Peña Nieto y su grupo, se movilizó fuertemente y provocó que varios partidos se retractaran de su designación y se entrampara políticamente la creación de la Fiscalía.
A partir de entonces, todo fue a contracorriente para el abogado y jurista que, con toda su experiencia y capacidad, apenas tuvo margen de maniobra para continuar los casos de corrupción de ex gobernadores que ya le había dejado armados su antecesora, lograr la extradición de Javier Duarte y solicitar la de Roberto Borge, y operar las tardadas y lentas investigaciones de la corrupción y los sobornos de Odebrecht en México, tema que Cervantes dice haber concluido y que “se harán las consignaciones y denuncias en los próximos días”, aunque todo apunta a que solo irán contra funcionarios de menor rango y que la labor del hoy ex procurador, fue más bien para ocultar y proteger a las grandes cabezas que manejaron esos millonarios sobornos y su presunta vinculación con la campaña presidencial del PRI en 2012.
Lo que no parece claro todavía, y se verá en las próximas horas, es que es lo que viene tras la decisión de Raúl Cervantes de presentar su renuncia ayer ante la Junta de Coordinación Política. En su discurso, el ex funcionario y senador con licencia dice que se va para que los partidos en el Congreso puedan procesar diversas leyes que fueron frenadas –Ley de la Fiscalía General, Ley de Seguridad Interior, Ley del Mando Mixto y nombramientos del Fiscal anticorrupción y de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa— y que su nombre (transformado en hashtag por las redes sociales #FiscalCarnal) fue el pretexto para evitar la aprobación de esas iniciativas urgentes para el país.
Pero lo que no explica Cervantes es qué acuerdos hubo detrás de su salida. Porque es seguro que él se fue –no sin antes dejar perfectamente “armado” el caso Odebrecht— por instrucciones de su jefe el presidente Peña, pero también porque debe estar definida ya una nueva ruta para definir a quién se nombrara en la PGR y si el nuevo o nueva procuradora será solo de “transición”, como habían propuesto algunos grupos, para permitir que, con una Ley más completa y acabada, que de mayores facultades y estructura a la Fiscalía General, se proceda después a su aprobación y a la designación del primer fiscal general que tendrá este país y que, según los reclamos y exigencias de la sociedad y de algunos partidos de oposición, debe ser un personaje sin vínculos políticos ni partidistas para garantizar no sólo la transformación urgente de la procuración de justicia y su despolitización, sino la aplicación de la ley y el combate a la corrupción e impunidad sin intereses de grupos políticos o de ningún tipo.
¿Qué van a hacer con la agonizante PGR y cómo van a garantizar que, si se aprueban las leyes que estaban trabadas, tras la salida de Cervantes, se cumpla la exigencia social de nombra a un fiscal realmente autónomo? Eso es lo que veremos en los próximos días.
